El último cartucho

La Dirección General de Costas que el Gobierno de Felipe González creó en 1991 es un antro donde no llega la luz. Sin embargo, en sus despachos tienen entrada reputados abogados de la capital y catedráticos de derecho Administrativo con nombres rimbombantes. La alta alcurnia jurídica retuerce allí la ley en defensa de los intereses de sus clientes millonarios con chalet, embarcadero y piscina privada a orillas del mar. Las resoluciones más estrambóticas no son publicadas en el BOE, como sería normal. Este ocultismo evita preguntas y litigios. Ministras como Cristina Narbona, ahora presidenta del PSOE, han dado muestra de su talla política cuando han estado al mando del departamento. La jueza mallorquina que desde hace más de dos años investiga el galimatías jurídico del ‘caso puertos’ podría pasarse la vida entera buscando y encontrando supuestos delitos con mucha más facilidad. Insensible a los intereses locales, esta Dirección General ordenó demoler Can Ganxo, el centenario edificio de Tuent propiedad del escorquer Pere Vicens Nyego, una reliquia de los tiempos del contrabando. Ahora amenaza con hacer lo mismo con CanLluc, de Deià, y con el célebre Bungalow de Ciutat Jardí, restaurantes integrados en nuestra historia y realidad. Sin embargo, para demoler la piscina de uso público que Pedro J trató de privatizar han hecho falta denuncias, recursos, manifestaciones, interpelaciones en el Congreso, pronunciamientos del Parlament balear, sentencias de la Audiencia Nacional e incluso del Supremo. Tres lustros, y ahí sigue. En fin, que para salvar CanLluc y El Bungalow habrá que hacerse madrileño.