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Hay jornadas en las que coinciden informaciones que, de un modo u otro, dibujan el estado actual de nuestra sociedad. Momentos que no están vinculados pero que el espacio temporal en el que se producen proyecta una imagen casi tangible de la realidad que nos envuelve. En el diario del pasado jueves, por tanto hablamos de noticias que se produjeron el miércoles, se publicaron tres informaciones que retratan cómo y dónde estamos. Vayamos por la primera. El día 2 de noviembre entró en servicio el carril VAO de la autopista de Llevant en su entrada a Palma, entre el aeropuerto y el Palacio de Congresos. La cuestión es que por decisión del departamento de Mobilitat del Consell, que dirige Iván Sevillano, de Unidas Podemos, se ha reservado uno de los tres carriles de la autopista –una de las más saturadas de toda la red viaria de la Isla– para uso exclusivo del transporte público y vehículos privados con dos o más ocupantes. La cosa es que se provocó un atasco descomunal que se prolongó durante los siguientes días para regocijo de Sevillano y sus huestes, supongo a tenor de sus comentarios en las redes sociales. Nada se sabe de las razones por las que se activó el carril VAO en este tramo de la autopista y no en cualquier otro, aunque sabiendo cómo funciona Mobilitat lo más seguro es que se trate de fastidiar cuanto más y mejor al ciudadano conductor, el cual está amenazado con suculentas multas si no cumple con las arbitrarias normas del Consell. Sevillano es el responsable de la limitación de velocidad a 80 kilómetros por hora en la vía de cintura palmesana, norma que incumplen a diario miles de automovilistas. Mi pregunta es hasta cuándo está dispuesto a asumir las consecuencias electorales de las políticas de Iván Sevillano la presidenta socialista de la institución, Catalina Cladera.

La funesta jornada incluyó la creación de una especie de inquisición arquitectónica –mediante la correspondiente ley autonómica–, la cual velará por la integración paisajística de las construcciones residenciales en suelo rústico. Para mayor vergüenza del colectivo, el Colegio de Arquitectos, que preside Marta Vall-Llosera, calla como un muerto en lo que es otro claro y directo ataque a la libertad creativa de sus profesionales. El silencio sólo se entiende por la enorme cantidad de arquitectos que trabajan para la Administración. Ni el propio Colegio es capaz de defender la labor de sus afiliados. Mejor que desaparezca.

Tampoco tienen nada que decir el Govern y el resto de instituciones, públicas y privadas, sobre la negativa del Gobierno a que Balears participe en la gestión de AENA; información conocida en una respuesta de la ministra Raquel Sánchez formulada por Coalición Canaria. No por sabido deja de ser lamentable.

Perder el tiempo

mientras el Gobierno nos niega la posibilidad de participar en la gestión aeroportuaria, el Govern asume ahora la irrealizable idea de limitar la compra de casas por parte de extranjeros, se ve que a meses de las elecciones el gabinete de ocurrencias se hiperactiva. Lo dice, además, el mismo conseller, Iago Negueruela, que hace unos meses decía que lo de la saturación turística era una «sensación». ¿Las trabas serán para extranjeros ricos o pobres?