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Tras once años de espera, y una instrucción judicial desastrosa, el ‘caso Exámenes’ de la Policía Local de Palma se ha saldado con una sentencia absolutoria para todos los imputados menos para un director de Área del cuartel de San Fernando, que deberá abonar solo una multa. No es de recibo, con los medios empleados y el dinero público que ha costado la instrucción, que las diligencias judiciales no hayan podido aclarar las dudas que había en este asunto. Desde el principio, Subirán se obsesionó con que se trataba de una trama político-policial que pretendía colocar a mandos afines del PP al frente de la Policía Local de Palma. El objetivo, en realidad, eran los políticos populares José María Rodríguez y Álvaro Gijón, pero solo se trataba de meras especulaciones del acusador público que, como quedó demostrado, tenía fijación con determinados policías y políticos. La Justicia no puede basarse en suposiciones o testigos de dudosa reputación. Hay que demostrar las corruptelas y reunir pruebas contra los culpables.

Daños colaterales.

No hay que olvidar que uno de los grandes perjudicados de este caso fue el exintendente jefe de la Policía Local de Palma, Antoni Vera, un prometedor mando que tuvo que presentar su dimisión al entonces alcalde de Palma, Mateu Isern. Ahora, como la mayoría de acusados, ha sido absuelto. También se demostró que las acusaciones de la madame en la ‘caso Cursach’ contra él eran invenciones. La pregunta es: ¿Quién le devuelve ahora la honra mancillada?

Voto particular.

La sentencia cuenta con un voto particular favorable a una absolución total por falta de pruebas, lo que supone que es una condena de mínimos y con discrepancia en el tribunal. En definitiva, otro fiasco judicial, aunque no hay que olvidar que el caso, en su día, supuso un mazazo a la imagen de la Policía Local de Palma del que aún se recupera.