EditorialPalma07/03/24 0:30
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El Tribunal Supremo ha confirmado que el Govern deberá indemnizar al empresario alemán Matthias Kühn con 96 millones de euros, la mayor cifra fijada nunca en Mallorca y la segunda en Baleares. El tribunal confirma de esta manera la compensación económica al promotor por la desclasificación de la urbanización Muleta II, en el Port de    Sóller. Se trata de un paraje privilegiado y el conocido empresario germano pretendía construir un residencial de lujo que hasta el año 2008 era urbanísticamente posible. Pero el problema llegó cuando el primer Pacte dio marcha atrás y desclasificó aquellos privilegiados terrenos, que pasaron a ser rústicos. Así, la construcción prevista quedaba vetada. El afectado, con todo, acudió a los tribunales y se inició un pleito que parecía concluir en 2013, cuando el Govern y la empresa llegaron a un acuerdo. Se aceptaba que Kühn podía construir allí, pero llegó un nuevo conflicto: el Ajuntament de Sóller no llevó a cabo una modificación en el planeamiento urbanístico, por lo que el pleito continuó hasta ahora, que se ha cerrado con una sentencia histórica.

Legislación clara.

Es evidente que determinados terrenos deben ser protegidos por la Administración, para evitar una construcción y especulación desmesurada, pero con este millonario caso también ha quedado de manifiesto que es necesaria una legislación urbanística clara. Porque en caso contrario los jueces se ven obligados a dictar sentencias con un gran impacto sobre las arcas públicas. Y eso es dinero de todos.

Proteger, pero no a cualquier precio.

El caso de Muleta –y otros similares salpicados por la misma ley de protección– pone de manifiesto que lo más inteligente hubiera sido llegar a un acuerdo con Matthias Künh y comprar los terrenos. Ahora, el Govern deberá indemnizar al empresario con casi 100 millones (dispone de un plazo de 60 días) y el suelo seguirá siendo suyo.