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La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, habla sin tapujos de la necesidad de abrir en el seno de la UE un debate sobre la implantación de la vacunación obligatoria; medida que Alemania quiere imponer para frenar el avance de una nueva ola de la COVID-19. La decisión no es, desde luego, sencilla ya que contrapone derechos individuales frente a la protección colectiva en un aspecto tan delicado como es el de la inoculación de una sustancia en el cuerpo. Ningún fármaco carece de efectos secundarios. Es un riesgo indudable pero que en el caso del coronavirus arroja con enorme diferencia un saldo muy positivo. Las personas vacunadas están más protegidas contra el virus que aquellas que no lo están; una afirmación sobre la que, por el momento, no cabe discusión.

Conflicto de derechos.

La vacunación obligatoria plantea un serio conflicto jurídico sobre la prevalencia de derechos, pero la experiencia revela que la defensa de la sociedad prima sobre las actitudes personales que entrañan riesgo a terceros. Baste recordar que el cumplimiento estricto del secreto profesional en Alemania impidió inhabilitar al copiloto de Germanwings Andreas Lubitz cuando todos los informes médicos advertían de su estado depresivo antes de estrellar su avión en marzo de 2015, cuando cubría el trayecto entre Barcelona y Düsseldorf. Lo razonable es adoptar medidas que impidan que se repita la cadena de errores; otro tanto puede decirse de la vacunación.

Medidas discriminatorias.

Habrá que esperar en qué queda la propuesta de Von der Leyen y cómo la reciben los países de la UE, pero avanzar en la homogeneización de los criterios será un paso adelante en la mejora de la salud pública. Ahora hay 150 millones de europeos que aún no se han vacunado. La cifra produce vértigo por las consecuencias sanitarias, sociales y económicas que puede tener si el virus vuelve con más fuerza si cabe.