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Las medidas fiscales incluidas en el régimen especial de Baleares que en febrero de 2019 aprobaron, en Consejo de Ministros, el PSOE y Unidas Podemos, no se aplican. No han cumplido el objetivo de compensar los sobrecostes de insularidad que soportan las empresas de las Islas porque aún no se ha tramitado en el Congreso la ley que las debe regular y articular. Estas normas de naturaleza tributaria han sido cuantificadas en 275 millones de euros anuales, que dejarían de pagar quienes desarrollan su actividad económica en Balears para producir y competir en igualdad de condiciones de quienes la realizan en el continente, sin costes de transporte. El Partido Popular ha conseguido aprobar en el Senado una proposición de ley que insta al Gobierno de Pedro Sánchez a tramitar este régimen fiscal. El PSOE, que se opuso, ha perdido la votación y ha quedado solo en su rechazo a unas medidas tributarias cuyo contenido habían acordado Francina Armengol y Pedro Sánchez.

El REB no puede quedar en papel mojado.

El régimen especial cuyo objetivo consiste en corregir las desventajas de la insularidad de Balears «mediante la acción del Estado a fin de establecer un adecuado y justo equilibrio económico interterritorial» no puede quedar en papel mojado. El recurso contra los Presupuestos del Estado de este año al no incluir el factor de insularidad –que votaron en contra PSOE, Unidas Podemos y Vox– ha propiciado que, por primera vez, haya dotación para esta compensación, que también estaba incluida en el REB.

275 millones de euros al año en juego.

El PSIB-PSOE queda en una posición difícil al votar en contra de unas medidas fiscales que ahora debe tramitar en el Congreso. El PP ha jugado bien sus cartas al ver aprobada una iniciativa legislativa que compromete al Gobierno PSOE-Unidas Podemos e interpela, en Balears, a Armengol y Juan Pedro Yllanes. Pero Baleares no puede perder esta oportunidad, que debe aprovechar para obtener este régimen fiscal.