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Han tenido que transcurrir veintitrés años desde la primera aprobación del Régimen Especial de Balears, en 1998, y su reforma, en 2019, para que se materialice el espíritu de una norma que pretende compensar los costes de insularidad que soporta el conjunto de la sociedad balear. La presidenta del Govern, Francina Armengol, y la titular del Ministerio de Hacienda, María Jesús Montero, firmaron este juees en Raixa la inclusión en los Presupuestos del Estado del llamado factor de insularidad. Por este concepto, la Comunitat recibirá 540 millones en los próximos cinco años, de los que 183 millones quedarán consignados para el ejercicio 2022. El acuerdo rompe con décadas de rechazo a las exigencias de compensación formuladas desde las Islas, con independencia del color político de sus representantes.

No es un privilegio.

La firma en Raixa tiene un importante significado. Supone admitir –por parte del Estado– que Balears necesita ver compensados los costes de insularidad con una aportación suplementaria. La fórmula anterior, con la que el Gobierno central trataba de alcanzar el mismo objetivo –la firma de convenios– se ha demostrado ineficaz por arbitraria. El Régimen Especial no es un capricho ni pretende ser un privilegio frente al resto de territorios. Al contrario, es la herramienta que anula diferencias inaceptables en un modelo de financiación que castiga casi de manera obsesiva a las Islas.

Culminar la tarea.

El acuerdo de Raixa es sólo una parte, y muy importante, en la materialización del REB. El Estado debe completar la financiación del factor de insularidad con otras medidas de carácter fiscal. Son indispensables para que nuestras empresas puedan competir en igualdad de condiciones con las radicadas en la Península. La unidad y la perseverancia se han demostrado como las armas más eficaces para hacer entrar en razón al Estado.