Imagen retrospectiva de una reunión de la conferencia episcopal americana para tratar los casos de pedofilia. Foto: EFE

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La Santa Sede estudia medidas para los cada vez más numerosos casos de sacerdotes que viven en concubinato y tienen hijos, y entre las soluciones que baraja se encuentra la de garantizar a la prole el apellido del padre y que puedan heredar sus bienes personales, aseguró ayer el diario italiano La Stampa.

 

Según el matutino turinés, las pasadas semanas, impulsadas por la Congregación para el Clero, que preside el cardenal brasileño Claudio Hummes, se celebraron varias reuniones para tratar este problema, que afecta, señala el diario del grupo Fiat, especialmente a América Latina y a países europeos como Austria.

 

Éste no es un fenómeno nuevo, pero en confrontación con antaño, añade el diario, los reconocimientos de paternidad con las pruebas de ADN pueden suponer una «avalancha» de procedimientos judiciales para el reconocimiento de esos hijos y la Santa Sede «está preocupada por la multiplicación de causas millonarias, como las ocurridas por los abusos sexuales en EE UU».

 

El Vaticano, siempre según la misma fuente, estudia garantizar los derechos sociales a la mujer y a los hijos, «con una especie de contrato civil que no les excluya de la herencia, lo que permitirá que la prole reciba el apellido del sacerdote-papá, a la vez que éste continuaría ejercitando su ministerio».

 

El diario agrega que los hijos heredarían los bienes personales del sacerdote, mientras que los «bienes de beneficios eclesiásticos, propiedad de la Iglesia, seguirían en manos de ésta».

 

Gianni Gennari, teólogo y sacerdote casado tras obtener la dispensa papal, afirmó en el artículo de La Stampa que es «injusto» que las diócesis tengan que responder con su patrimonio de la «infidelidad y mezquindad de su clero».

 

Gennari aboga por distinguir entre los bienes de la parroquia «de los de los curas que no han sabido asumir sus responsabilidades ante los hombres, ante Dios, ante la Iglesia y sobre todo ante las mujeres que han implicado ilícitamente en sus infidelidades».

 

Considera «justo» reconocer y tutelar los derechos de las mujeres y de los hijos nacidos de esas relaciones ilegítimas y agrega que también podría ser el momento para que el obispo o la Santa Sede «en virtud del carácter indeleble del presbiterado admita una forma de ministerio eclesiástico a los sacerdotes dispensados que hayan dado prueba de madurez humana y cristiana en la comunidad».