Imagen de una de las votaciones del pleno del Ajuntament de Sóller. | I. Cabrer

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El pleno municipal del Ajuntament de Sóller aprobó este miércoles con los únicos votos del equipo de Gobierno (PP-Seny) realizar inversiones por valor de más de 3,7 millones de euros con cargo al remanente de tesorería de 2022. La cifra incorpora un millón de euros para las primeras actuaciones de desescombro y consolidación del teatro Defensora, que se derrumbó a principios de la pasada semana. La oposición (Més y PSOE) solicitó votar el crédito para el Defensora de forma separada, por estar completamente de acuerdo con esta inversión urgente pero no con el conjunto de proyectos, que calificaron de «inversión excesiva que pone en riesgo la estabilidad presupuestaria del próximo ejercicio». Al ser técnicamente imposible votar por separado esta actuación, Més y PSOE optaron por abstenerse.

La concejala de Hacienda, Andrea Pomar (PP), aseguró que «hay que ser valientes y dotar la actuación en el teatro y emprender las inversiones previstas, ya que vistos los buenos resultados económicos del 2022, el riesgo es asumible». La oposición criticó que tras tenerse que añadir una cantidad tan importante para el Defensora «ninguna área de gobierno haya querido renunciar a sus proyectos particulares, por lo que se ha pasado de los 2,2 millones de gasto máximo aconsejado por la Intervención municipal a cerca de 3,8 millones». Més y PSOE coincidieron en que «muchas de las actuaciones no son urgentes y otras son gasto ordinario». Las principales actuaciones que el equipo de Gobierno prevé realizar antes de fin de año, suponen 1,5 millones para administración general (partida que incluye la actuación en el Defensora), 1,2 millones en infraestructuras y más de 630.000 euros para instalaciones deportivas.

Por otra parte, el pleno también aprobó una moción de condena del llamado ‘caso Rubiales’ con votos a favor del PP, Més y PSOE y la abstención de Seny, al considerar este partido que «no es un tema de política local». A última hora se retiró del pleno el punto sobre la concesión de recogida selectiva debido a los contundentes informes en contra que situaban la propuesta de acuerdo fuera de la legalidad.