Un aparcamiento cerrado. Pese a que el Ajuntament gastó más de 47.000 euros en adecuar la finca, al no ser suyos los terrenos no pudo actuar cuando en octubre pasado la propiedad decidió cerrar el acceso con una cadena. La ADT se ha interesado ahora por unas obras realizadas en 2015.

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La Agència de Defensa del Territori ha iniciado trámites para determinar la situación legal del aparcamiento construido en suelo rústico en la finca de Es Cós y cerrado desde el 31 de octubre de 2020, por lo cual no pide medidas cautelares. El organismo de disciplina urbanística del Consell ha requerido al Ajuntament de Maria que informe sobre si las obras realizadas tienen licencia municipal y si se ha incoado o no algún expediente de infracción urbanística sobre las mismas.

Origen del conflicto

Las obras del aparcamiento fueron contratadas por el propio Ajuntament en 2015, según consta en un informe del secretario municipal. El coste de las mismas, 47.267 euros, fue abonado por las arcas municipales, pese a que los terrenos son de propiedad privada. El Ajuntament de Maria, gobernado entonces por Toni Mulet (PP) había firmado en el año 2010 un convenio urbanístico con la propiedad merced al cual, estos terrenos rústicos serían recalificados como suelo industrial, de servicios y de equipamientos públicos. Este convenio preveía que el Ajuntament podría realizar anticipadamente las obras, pero estaba vinculado a una modificación de las Normas Subsidiarias que jamás se produjo, porque la Comissió Insular d’Urbanisme del Consell, en 2012, no aprobó los planes urbanísticos del Ajuntament. Con ello, el convenio perdía su validez, pero las obras se efectuaron de todos modos y el aparcamiento se continuó usando hasta que fue cerrado por el propietario el 31 de octubre de 2020, al día siguiente de la moción de censura que llevó al poder al pacto PP - X Maria y desalojó al anterior formado por PI-PSOE.

El alcalde de Maria, Bernat Quetglas (XMaria), se muestra optimista ante la posibilidad de legalizar la situación urbanística. «Responderemos a la ADT para que la propiedad quede exoneerada de la responsabilidad; pero el tema está encarrilado, hay una necesidad de aparcamientos disuasorios y esperamos llegar a una acuerdo en cuanto el Consell adjudique la revisión de las Normas Subsidiarias». Desde la oposición, el portavoz del PSOE, Rafel Aulet, apunta que «pediré responsabilidades por haber gastado 47.000 euros en un terreno que no era municipal».