El objetivo, según la alcaldesa Magdalena Perelló, es poner en el mercado de alquiler cuantas más viviendas mejor, destinadas a jóvenes o colectivos desfavorecidos.

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El Ajuntament de Llubí ha pedido al Estado poder rebajar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a los propietarios que pongan en el mercado de alquiler sus viviendas deshabitadas.

La medida ya ha sido reclamada por otros municipios españoles y está motivada por la imposibilidad de las administraciones locales de modificar ese tipo de impuestos si no lo permite el Gobierno central. El objetivo, según la alcaldesa Magdalena Perelló, es poner en el mercado de alquiler cuantas más viviendas mejor, destinadas a jóvenes o colectivos desfavorecidos. Dado que el trámite se prevé largo y de futuro incierto, el Ajuntament ha optado mientras tanto por iniciar una linea de ayudas para los propietarios que opten por alquilar sus casas. Estas ayudas sustituirían la hipotética rebaja del IBI y podrían ser ya aprobadas en el próximo mes de noviembre.

Problemas comunes

En un principio Llubí barajó la posibilidad de que el IBI aumentara para las viviendas vacías, hecho que levantó airadas críticas de Cuidadanos en el municipio. El criterio varió después para que en lugar de subidas a las vacías, fuesen rebajas a las ofertadas en el mercado.

«Los jóvenes se encuentran con un gran problema a la hora de encontrar vivienda, ya sea alquilada o en propiedad, en Llubí», cuenta Perelló. Por ello la medida no quiere ser de llamada para atraer al pueblo a nuevos vecinos, sino de ayuda para que ningún vecino, especialmente los jóvenes, abandone el pueblo. La rebaja del IBI se aplicaría cuando el arrendatario fuera menor de 35 años y su importe variaría en función del total del impuesto.

Para Perelló la situación de la vivienda en el pueblo sufre de una problemática muy similar a la de toda la Isla. Cuando finalizan los contratos de alquiler los arrendatarios han de abandonar la vivienda y esta se suele renovar para dedicarla al uso turístico, factor que reduce cada vez más la posibilidad de encontrar una vivienda a los inquilinos.

Este problema se vuelve especialmente grave en el caso de familias inmigrantes, que se ven obligadas a cambiar muy habitualmente de localidad de residencia. «Lo malo es que cuando esto ocurre estas familias están en proceso de integración en el pueblo, con sus hijos escolarizados, y de la noche a la mañana se quedan sin alternativas», subraya la alcaldesa.