Cerca de medio centenar de socios del Patronat Joan XXIII (agrupación prominusválidos psíquicos de la comarca de Inca) anuncian movilizaciones a partir del próximo jueves 21 de noviembre. Con las concentraciones, convocadas a las puertas del Ajuntament d’Inca el 21 de noviembre, el 28 de noviembre y el 3 de diciembre a las 17.30 horas, quieren forzar la disolución de la actual junta directiva.
Les acusan de «incumplimientos reiterados de los estatutos, incompetencia de gestión y falta total de transparencia». El pasado 2 de julio, 42 socios del patronato presentaron una demanda formal solicitando la disolución de la junta, pero a día de hoy aún no se ha celebrado la asamblea extraordinaria para que esta disolución pueda hacerse efectiva.
Con los socios del patronato claramente enfrentados, ambos bandos insinúan que el número de socios con derecho a votar una nueva candidatura cuando se haga efectiva la disolución de la actual prácticamente se ha duplicado.
Mientras tanto cunde la preocupación entre las familias de los usuarios que temen que la entidad se acabe convirtiendo en una empresa privada externalizando los servicios. Su presidenta, Magdalena Corró, se reunió este lunes con las asociaciones de padres y familiares (a petición de estos) y les informó del estado de las cuentas del patronato y de su intención de convocar la asamblea pronto.
En virtud de los estatutos actualmente vigentes, para ser socio del patronato no es necesario ser usuario o familiar ni todos los usuarios o familiares son socios.
Apenas un año después de asumir la dirección del patronato (la junta actual fue elegida en octubre de 2018), la actual presidenta Magdalena Corró dice que convocará la asamblea en el momento en el que tenga firmada la auditoría de las cuentas de la entidad «probablemente a principios de la semana próxima».
«Yo, mientras no tenga los números firmados no convocaré la asamblea, pero el día que los tenga la convocaré para dar cuenta y me iré. No tengo celoso mi sitio ni nada que esconder», dice.
La directora del Patronato Joan XXIII asegura: «Me voy con la conciencia supertranquila porque no he cogido nada». «Si ha habido personas que se han llevado algo no ha sido con mi junta, en todo caso ha sido con la anterior», añade.
Cabe recordar que Joan XXIII presta servicio a discapacitados psíquicos menores y mayores de edad de 22 municipios. En la junta siempre hay dos alcaldes representados, actualmente el de Inca (Virgilio Moreno) y el de Lloret (Toni Bennàsar).
Con la concentración convocada para este jueves los denunciantes quieren hacer una llamada de atención frente al Ajuntament d’Inca y ayudar a visibilizar el conflicto.
3 comentarios
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A jo me fa molta pena amb el que s'ha convertit la gerra d'interessos d'alguns treballadors... Ho sento, però s'està enfonsant el patronat per la culpa d'uns treballadors dolguts.
En vez de construir centros para menas, darles pagas y dotar de tantas comodidades a las cárceles la Administración debería hacerse cargo de centros como el Juan XXIII. Los internos son enfermos, no delincuentes, y están abandonados como perros sarnosos. Que lo sepa este Govern o el Consell, que tanto se llenan la boca diciendo que ellos son los que más se preocupan por la justicia social y los servicios sociales.
LA MALA ADMINISTRACIÓN Y ALGO MÁS VIENE sucediendo en estas asociaciones, que nadie investiga y se van de rositas muchos