Inaugurada en el año 2012, la desaladora de Alcúdia estuvo prácticamente paralizada hasta su reactivación en marzo de 2016, cuando, en plena crisis de sequía, el Govern modificó la política de agua. | Ultima Hora

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Garantizar que el agua del grifo en todos los municipios de la Isla sea de calidad y apta para el consumo. Esta es una de las premisas de la revisión del nuevo Pla Hidrològic de les Illes Balears, en vigor desde finales de febrero. Para ello, la Dirección General de Recursos Hídricos establece la obligatoriedad de que todos los ayuntamientos deberán ofrecer a sus ciudadanos agua apta para el consumo humano.

La normativa deja claro que en el caso que el sistema de suministro de agua a la población no cumpla con los requisitos de calidad exigidos en la normativa sanitaria, el Govern obliga a los municipios a hacer el tratamiento adecuado para conseguirlo. Es más, si estos tratamientos no fueran posibles, los consistorios deberán abastecerse del agua procedente de la desaladora, siempre que estos estén conectados a la red en alta como pueden ser los municipios de Alcúdia, Pollença, Marratxí, Calvià, Andratx, Maria de la Salut o Llubí, entre otros.

La medida, explica la directora general de Recursos Hídrics, Joana Maria Garau, «no tiene un fin recaudatorio» para vender agua desalada, sino cumplir con los criterios de calidad que ya fija Sanidad y que no se cumplen en algunos municipios. Ejemplo de ello sería Manacor, que no suministra agua apta para el consumo desde hace más de 35 años.

Garau avanza también que las entidades locales afectadas podrán suscribir convenios con el Govern para la ejecución de las infraestructuras necesarias que deberán cumplir el principio de recuperación del coste del servicio. Es decir, adecuar su sistema de alcantarillado para hacer posible el suministro de agua procedente de la desaladora en aquellos municipios que sea posible. «Está claro que hay que valorar el coste del agua, por lo que se debe adoptar una política de precios razonables donde también se recuperen los costes de las infraesctructuras», añade Garau. Dentro de esta política, el Govern potenciará el uso de agua desaladas en temporada baja (con un precio más económico), para así no sobreexplotar los acuíferos.

Esta política de priorizar el agua desalada afecta a municipios como el de Alcúdia donde el desarrollo de nuevas urbanizaciones está bloqueado desde principios de legislatura por la falta de acuerdo entre Medi Ambient, el Ajuntament y uno de los concesionarios (Acasa) por el precio público del agua.

El Govern considera que los acuíferos de Alcúdia están sobreexplotados y quiere que Acasa (hay otros concesionarios en el municipio) compre agua a la desaladora antes de dar el visto bueno al desarrollo de nuevos urbanizables como Pinares de Bonaire o a la construcción de un hotel de 993 plazas junto al Mosquito. Acasa reclama para hacerlo una revisión de sus tarifas que tenga en cuenta el sobrecoste añadido, pero el Ajuntament no está dispuesto a repercutir sobre todos sus vecinos la subida de tarifas que implicaría el cambio de sistema.