Excursión reivindicativa para protestar contra el cierre del Camí de Ternelles, en el municipio de Pollença. | T. Ayuga

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La primera Llei de Camins Públics i Rutes d’Interés Excursionista de Mallorca prevé, entre otras cuestiones, la expropiación forzosa de los caminos de interés público cerrados al paso de los caminantes, al tiempo que faculta a cualquier persona o entidad a ejercer ante un tribunal de justicia la defensa de la titularidad de un camino que considere público. Es más, en el caso de que, a posteriori, aflore una resolución judicial favorable, la futura legislación prevé que el denunciante tenga derecho a un «premio» equivalente al cuádruple de las costas procesales que abonará la administración titular de la vía.

El presidente del Consell de Mallorca, Miquel Ensenyat, acompañado por las conselleras insulares de Territori y de Medi Ambient, Mercedes Garrido y Sandra Espeja, compareció este viernes para presentar el proyecto de ley que se elevará al Parlament para que tome en consideración su más que segura aprobación. Según Ensenyat, la normativa dará respuesta a la «necesidad» de establecer un régimen jurídico para los caminos públicos, «con tal recuperarlos y promover su uso y defensa». «Asimismo, proporcionará un marco legal para rutas de interés excursionista existentes y abrir la posibilidad a crear de nuevas», señaló Ensenyat.

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La ley, además de establecer los efectos, usos y posibles restricciones de los futuros caminos públicos (con sanciones de hasta 20.000 euros en caso de infracciones muy graves), se creará un registro de este tipo de vías a partir de los catálogos que, desde hace años, vienen diseñando los ayuntamientos de la Isla. De hecho, 33 de los 52 municipios de la Part Forana ya cuentan con un catálogo de estas características. El resto contará con un plazo de cuatro años a partir de la entrada en vigor de la ley. Volviendo a la capacidad de intervención que tendrá el Consell sobre estas vías que atraviesan propiedades privadas, Garrido explicó que, si un ayuntamiento no llega a un acuerdo con los dueños de la finca para darle una utilidad pública al camino en litigio, «como ocurre con una carretera», el Consell podrá ejecutar su expropiación forzosa. Asimismo, una vez aprobada la normativa, se arroga el derecho de reabrir de forma inmediata un camino de dominio público que haya sido recientemente cerrado.

El proyecto de ley aún no ha sido presentado a los propietarios de fincas, aunque Miquel Ensenyat espera que se apruebe «con el mayor consenso posible».