TW
6

El juez Juan Gabriel Àlvarez del juzgado de lo Social número tres de Palma ha declarado improcedente el despido del trabajador de la brigada municipal de sa Pobla que fue investigado por un detective privado estando de baja, por lo que obliga al Ajuntament a readmitir al trabajador o extinguir la relación laboral indemnizando al miembro de la brigada con 23.765 euros.


El alcalde de sa Pobla, Joan Comes, manifestó que «el Ajuntament ha recurrido la sentencia porque todos los argumentos nos dan la razón». El Ajuntament contrató los servicios de un equipo de detectives privados por un importe de 3.000 euros para realizar un seguimiento al trabajador que se encontraba de baja, porque el Consistorio tenía conocimiento que realizaba otras actividades laborales, según dijo Comes.


El PP de la localidad ha vuelto a denunciar los hechos y recuerda que «el alcalde lleva a cabo los despidos de los trabajadores municipales en base a motivos políticos y no a criterios profesionales», según explica el portavoz, Biel Serra.


El 'popular' pone de manifiesto que «el Ajuntament de sa Pobla ya ha abonado más de 60.000 euros durante esta legislatura en concepto de indemnizaciones por despidos improcedentes a unos nueve o diez trabajadores municipales».


Actividades


En la sentencia del miembro de la brigada se recoge, a raíz del informe de los detectives privados contratados por el Ajuntament, que «en octubre de 2009, el Ajuntament abrió un expediente sancionador al trabajador por estar de baja, lesionado de la columna vertebral, y trabajar frente a su taller, salir a navegar y a pescar con su barca, en compañía de otro trabajador del Ajuntament, y acudir a un campo de tiro a disparar con su escopeta». El juez concluye que «el comportamiento del trabajador, con ser reprochable y pudiéndose calificar como una falta menos grave, no constituye una infracción muy grave sancionable con el despido», por lo que obliga al Consistorio a indemnizar al trabajador con 23.765 euros.


El alcalde dijo en este aspecto que «hemos recurrido la sentencia porque tenemos otro caso de otro trabajador que, después del recurso, el juez daba la opción de reincorporar al empleado o indemnizarlo con 3.000 euros. El Ajuntament optó por pagar los 3.000 euros».


Por otra parte, Biel Serra (PP) volvió a denunciar el incremento presupuestario en la partida de personal de los últimos tres años. «El gasto en personal ha aumentado 1.386.903 euros y resulta difícil de asimilar el incremento, sobre todo durante los tiempos de crisis que vivimos en los que ninguna empresa privada se puede permitir incrementar el personal», dijo Serra.


Además, el 'popular' recordó las horas extras que realizan algunos trabajadores en concreto «llegando a las 500 horas extras al año lo que supone un incremento del 50 por ciento de la partida presupuestaria».