El traslado de la oficina turística del Port ha levantado un
auténtico revuelo en el Ajuntament de Pollença. Unió Mollera
Pollencina (UMP) denunció por primera vez hace más de un mes las
presuntas irregularidades cometidas en la firma del alquiler.
Miquel Sabater (UMP) sospechaba entonces que el Ajuntament había
ocupado la nueva oficina sin firmar un contrato pero el concejal
delegado del Moll, Pere Capó (PSOE), mostró en el pleno un contrato
de alquiler firmado por la Fundación Bochoris y no por el
Ajuntament.
Sabater explicaba entonces que «la fundación no puede pagar
ningún alquiler porque no está operativa» y afirmó que «hay un
informe negativo del abogado que explica que no se puede alquilar
el local y esa es la razón de que haya firmado el presidente de la
fundación». La alcaldesa, Francisca Ramon, y Pere Capó negaron en
el pleno la existencia del informe. Francisca Ramon ha confirmado,
sin embargo, en una entrevista a Ultima Hora que
el PSOE revocó en la Comisión de Gobierno el acuerdo de pleno que
la autorizaba a firmar el contrato de alquiler, después de leer un
informe realizado por el jurista Miquel Ripoll. «No recuerdo si era
un informe negativo», explica, «pero sí que después de leerlo
decidimos que era más conveniente que el contrato lo hiciera la
fundación».
Se da la circunstancia de que PSM y UM, socios de gobierno de
los socialistas, decidieron no acudir a la polémica comisión. Y es
que en las últimas semanas las relaciones entre los socios de
gobierno han sido tensas. PSOE, PSM y UM negocian una remodelación
de las áreas de gobierno.
La oposición pierde la paciencia
La decisión del grupo municipal socialista de retirar del orden del
día del último pleno la adjudicación de las obras de sustitución de
las tuberías de aguas fecales de la calle Joan XXIII ha colmado la
paciencia de la oposición. Así, el PP, el principal partido de la
oposición, acusa al PSOE de «incumplir» sus promesas y de mostrar
una «falta de seriedad». Además, los populares denuncian las
irregularidades cometidas en la apertura de las plicas y piden que
el Ajuntament de Pollença redacte en pleno un baremo lícito para
aplicarlo en la nueva adjudicación. Por su parte, UMP, también en
la oposición, dice que «es una vergüenza que el punto se retirara
48 horas antes del pleno cuando se ha estado un año esperando».
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