Anna Moilanen, Defensora de la Ciudadania. | Pere Bota

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El pacto programático entre PP y Vox se cobra una víctima: la Oficina de la Defensora de la Ciudadanía, que será sustituida por un funcionario de libre designación. Tras siete años en el cargo, la actual defensora, Anna Moilanen, mostró este viernes su sorpresa por la decisión.

¿Cómo conoció la noticia sobre la ‘adecuación’ de la figura del Defensor de la Ciudadanía?
—Recibí una llamada del gabinete de Alcaldía poco antes de que se hiciera público el pacto programático entre el PP y Vox.

¿Qué le parece esta decisión?
—Sorprendente. El 19 de julio, Vox presentó diez medidas urgentes donde ya pedía la eliminación de la Oficina de la Defensora de la Ciudadanía. Una semana más tarde, el alcalde de Palma, Jaime Martínez, se desmarcó y ratificó vía decreto del 26 de julio la existencia de la Oficina y los miembros de ésta.

¿Es posible la eliminación de esta entidad como pide Vox?
—El defensor de la ciudadanía no puede ser un funcionario, sino una figura independiente del Consistorio. La Ley de Capitalidad dice que solo se puede cesar al defensor de la ciudadanía si es condenado por un delito, por su fallecimiento o por negligencia. No pueden usarme por voluntad política.

¿Por qué no debería eliminarse la oficina?
—Somos un órgano diferente y singular dentro de la Administración, la única garantía para todos los ciudadanos. No me preocupa mi puesto, que es secundario, sino mantener los derechos de los ciudadanos, y de esta manera no le quedará más remedio que ir a los juzgados para defenderse porque les dejan indefensos. Evitamos contenciosos al Ajuntament.

¿Por qué cree que Vox quiere eliminar esta figura?
—Entiendo la preocupación por evitar las duplicidades, pero quiero creer que se debe al desconocimiento, aunque se invitó en numerosas ocasiones a Vox para que conociese nuestra labor.

¿Cuál es el siguiente paso ahora mismo?
—Estoy pendiente de tener una reunión con Jaime Martínez. Esto no es tan simple ni sencillo. Está en juego mucho más que mi puesto. En la oficina se protege al más débil, al que no tiene habilidades tecnológicas para hacer valer sus derechos ante Cort.