En Cort ya tienen claro que no continuarán trabajando con la empresa, que ha sido investigada por los problemas que ha habido en las notificaciones de sanciones, incluidos retrasos y falsificaciones en los acuses de recibo por parte de dos ex trabajadores imputados. La irregularidades han provocado que muchos ciudadanos hayan recibido las multas con recargo y que se hayan organizado en una plataforma para denunciar la vulneración de sus derechos.
El pliego que ahora tiene que resolver el Consistorio tiene un presupuesto de licitación de 15,5 millones de euros por tres años de servicio, un 40 por ciento más que el actual. El compromiso puede ser prorrogado dos años más si ambas partes así lo deciden, con lo que el importe, si se ejecuta esta opción, ascenderá a 25,7 millones de euros. El contrato está dividido en dos lotes, uno para las notificaciones en Palma y el otro «con destinación universal» excepto Ciutat. Hasta ahora del primero se encargaba CI Postal y del segundo Correos.
Dado los problemas que han tenido con las notificaciones el Ajuntament ha incorporado una serie de condiciones para, según detalla Jarabo, «prever y enmendar incidencias». Entre ellas, enumera el regidor, se establece que la empresa adjudicataria tiene que tener un número mínimo de oficinas de atención al público y recogida de correspondencia, 4 en Palma para el primer lote y 8 en las Baleares más varias en la Península, para el segundo lote.
Asimismo, confirma el regidor, también tendrá que garantizar que el servicio cuenta en Palma con un mínimo de doce vehículos, un centro de distribución y 20 trabajadores. Otras de las obligaciones que incluye el pliego es que la adjudicataria debe contar con un servicio de atención ciudadana que resuelva dudas y reclamaciones, tanto por teléfono como por correo electrónico, y tiene que recoger información estadística sobre el grado de satisfacción de los usuarios.
El apunte
Un plazo de entrega entre tres y cinco días
16 comentarios
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Para esto si que amplían el presupuesto, patético
Añadir que es la misma empresa que reparte los distintivos ORA renovados que muchos ciudadanos no han recibido después de meses de haberlos pagado. Muchos de ellos están siendo multados
Si m'hagués ocorregut a jo i me desestimàssin el recurs per via administrativa, miraria de posar- me en contacte amb tots els afectats que pogués, per demandar judicialment a l'Ajuntament i a l'empresutxa incompetent que ha fet aquest desastre És el que jo, que som lliure i que no estic fermada a cap partit polític, tractaria de fer.
Ahora tienen más presupuesto, conseguido con los recargos a los ciudadanos. Negocio redondo.
La noticia no alude a que cientos de residentes tienen embargada su nómina porque han visto triplicadas sus multas. De 100 a 300 euros. El motivo, no es la falsificación como dice la noticia, sino la falta de notificación. En el expediente consta una falsa geolocalización del domicilio del infractor, que corresponde a la propia sede de CI POSTAL. Esta geolocalizacion falsa, sirve de prueba al Ayuntamento. Llegado el momento pasa al negociado de la ATB, Sr. Alzamora-ver historial google-y comienza la vía ejecutiva y el embargo. Con un % para el bolsillo del citado Sr. Resumen: DELITO .
La solució no és substituir l' empresa, sinó tornar a internalitzar el servei. Tot s'arreglaria amb menys assessors, que en el millor dels casos no serveixen per a res, i més treballadors que facin bé la seva feina. Perque amb el que guanya un adjunt polític enxufat a dit, que va de "jefe" i que vol comandar sobre els que són de plantilla que saben més que ells, se poden pagar dues nòmines i mitja d'uns treballadors de veritat, que facin feina de profit i que serveixin de veritat als ciutadàns. I amb aquesta mania de ficar gent externa a dins de les institucions, son iguals tots els partits.
600 euros me piden por dos multas que entregadas correctamente me hubieran costado 100 euros en total. Lo tengo recurrido pero me huelo como esto acabará.
Todo esto crea dudas: La nueva adjudicataria, ¿No será la misma empresa con otro nombre? ¿Cómo se puede ir de rositas una empresa que ha incumplido aquello para lo que fue contratado y sobre todo, que ha provocado sanciones, recargos, intereses y embargos, y que ahora son los ciudadanos los que lo han de demostrar, con este ayuntamiento prepotente que tenemos? ¿Cuánto recauda en multas para poder 5,2 millones sólo por repartirlas? ¿Alguien ve algo distinto a un salvaje AFAN RECADUTORIO de la administración?
O sea, a ver que lo entienda yo... ¡no hablan de devolver el importe cobrado ilegalmente! ¡Sólo quieren recaudar más!
Buenos días. En los concursos de adjudicación, antes de proceder a la licitación de cualquier contrato, es imprescindible poseer un conociento claro del mercado de lo que se saca a concurso. Además hay que hacer uso de dicho conocimiento estrictamente desde el punto de vista técnico; ideologías las justas como criterio. El criterio expuesto es válido tanto para servicios como para proyectos. Hace falta para cribar todas aquellas ofertas que no son creibles. Después de este cribado empieza el concurso real. Téngase en cuenta que, cuando alguien hace una oferta aparentemente imposible; una de tres o se trata de un error (no nos conviene), o se trata de ignorancia por falta de preparación (nos conviene aún menos), o se trata de tirar precios por debajo del mínimo de mercado para entrar en la cartera de clientes sea como sea, incluso echar irreversiblemente a otra empresa del mercado (no es legal). En cualquier caso, se trata de evitar que llegue a firmarse contrato con "alguien" que no va a cumplir en el peor de los casos, y en el mejor cumplirá pero en la siguiente licitación nos lo combrará con creces al haber eliminado a la competencia. Personalmente creo que, las personas que licitaron el contrato de reparto no lo hicieron como es debido. El problema es que en política parece que esto no tiene más recorrido que la que se refleje en las urnas. En cualquier empresa privada sería demoledor para el licitador. Ahora permitanme pensar que, la administración que se hace desde los políticos es, como se dice en mallorquí, "can seixanta". También valdría lo de: Qui amb al•lots se colga, compixat s'aixeca". Con ello pienso en los afectados (ciudadanos), y el los que los votaron (otros ciudadanos). Ojalá los afectados sólo pertenecieran al grupo de votantes de estos licitadores, pero desgraciadamente la afectación de las consecuencias es indiscriminada. Un saludo.