Neus Truyol, junto a su abogado, Antoni Monserrat, después de recoger esta mañana el auto de apertura de juicio oral en los juzgados de Palma.

81

La Fiscalía reclama una condena de cuatro años de cárcel para la concejal de Model de Ciutat del Ajuntament de Palma, Neus Truyol, por un delito ambiental. El ministerio público también reclama penas de prisión, en este caso de tres años para la exgerente de Emaya Inmaculada Mayol y otros dos técnicos de la empresa pública y dos para un jefe de departamento. Todos ellos son responsables, según la acusación pública, por permitir a partir del año 2016 los vertidos de Emaya a la bahía de Palma.

El ministerio público sostiene que la anterior presidenta de Emaya no llevó a cabo actuaciones para solventar el problema de los vertidos y los emisarios de la empresa y fija ese año como inicio del delito porque fue entonces cuando se llevaron a cabo unas primeras diligencias penales por parte del Seprona y la fiscal. En ese momento, sostiene la acusación, hubo un compromiso para solucionar la situación y considera que existió una dejadez al respecto. Considera que estaban al frente de la entidad responsable y con capacidad dado que Emaya era la garante de que se llevara a cabo la depuración de las aguas de forma correcta.

Noticias relacionadas

La acusación pública sostiene en su escrito que los vertidos supusieron un grave peligro para el medio ambiente por la destrucción de una gran superficie de posidonia e incluso para la salud de los seres humanos.

El juez de Instrucción 12 de Palma ha dictado ya auto de apertura de juicio oral que le ha sido notificado esta misma mañana a la regidora en mano. Ahora, el caso queda a expensas de llegar a juicio en un juzgado de lo Penal de Palma. La calificación de Fiscalía sí mantiene que los actuales responsables de Emaya han llevado a cabo obras y actuaciones para solucionar el problema del emisor y licitar las obras para construir una nueva depuradora.

La semana pasada, otro juzgado de Instrucción de Palma archivó la otra causa abierta por los vertidos de Emaya, en este caso contra el Govern, acusado por la Asociación de Navegantes del Mediterráneo de no sancionar a la empresa municipal y sí hacerlo por los fondeos sobre posidonia.