Evidentemente estas personas tienen miedo y quieren mantener su anonimato, pero lanzan un grito de auxilio para que el Consistorio y la policía actúen de una vez por todas, ya que se sienten totalmente desamparados.
El problema, dicen, lo tienen con media docena de inmigrantes argelinos que residen en la casa precintada, a la que acceden a través de una planta baja, también vacía y en la que también viven personas de forma ilegal.
«Se ha generado muchísima inseguridad, hay continuas peleas, gritos y robos. El otro día, por ejemplo, le robaron el reloj a una mujer mayor a las 8.00 de la mañana cuando salía de su casa», cuenta una de las afectadas, que asegura tener miedo por ella y también por sus hijas. «Me han amenazado varias veces y la verdad es que vivimos con mucha preocupación», asegura.
La policía, informa esta persona, «ha acudido en ocasiones, cada vez que hay algún incidente, pero también nos dicen que no pueden hacer mucho más». Más aún, añade, «un agente no dijo que si nosotros nos defendemos, tenemos las de perder, porque la ley les ampara a ellos».
Desde el Consistorio se informa de que el expediente sobre este edificio se inició en 1991, sin que la propiedad haya actuado.
A finales de 2019 se inició el trámite para decretar la declaración de ruina, un proceso largo que además se vio retrasado aún más por el estado de alarma, se explica. Las fuentes municipales advierten de que «el inmueble está tapiado y precintado y si alguien entra es bajo su responsabilidad». Además, informan de que la policía tiene varios partes recientes (del verano y de septiembre) en los que se indica que ha desalojado a varias personas y se les ha informado de que no pueden estar y menos vivir allí.
