El concejal Alberto Jarabo espera que la modificación de la ordenanza se apruebe con la unanimidad de los partidos. | Jaume Morey

El Ajuntament de Palma trabaja en la modificación de la ordenanza de subvenciones a fin de que las asociaciones vecinales tan solo deban justificar las ayudas que reciben del Consistorio una vez al año y no de forma trimestral como ocurre actualmente. El concejal de Participació Ciutadana i Govern Interior, Alberto Jarabo, informa que para este año hay presupuestados 607.000 euros para subvenciones a las entidades vecinales.

El edil explica que el procedimiento que establece la ordenanza actual «es demasiado costoso para muchas asociaciones, sobre todo las más pequeñas, que deben destinar más tiempo y recursos a este ‘papeleo’ de los que disponen y eso les impide centrarse en otras actividades».

Esta ordenanza, declara Jarabo, «fue aprobada durante el mandato del popular Mateo Isern, en febrero de 2015, y supuso el colofón a todos los recortes a las entidades vecinales». Además, añade, desde la legislatura pasada «se intentaron recuperar partidas de subvenciones mayores y es un compromiso que mantenemos».

Asegura que «los límites que nos marca la actual ordenanza son más restrictivos que la ley estatal», pues «trata como si fueran empresas a las entidades sin ánimo de lucro, como son las vecinales, que intentan generar una cultural de participación y mayores dinámicas de barrio».

Por eso, el edil insiste en que «queremos adaptar la ordenanza a la ley estatal para no pedir garantías ni procedimientos ni requisitos propios de una empresa, nos adaptamos a las condiciones de las entidades sin ánimo de lucro, facilitando la burocracia y los trámites administrativos».

De esta forma, se pretende garantizar que «las entidades puedan llevar a cabo sus proyectos a lo largo del año sin perder demasiado tiempo ni necesitar gestores especializados. Las consideramos por lo que son y nos adaptamos a ellas. Impedimos que la burocracia sea un obstáculo».

Jarabo considera «inverosímil que tengamos una ordenanza municipal que no prevé ninguna realidad social, que se hizo para limitar el trabajo de las entidades no lucrativas, sobre todo las vecinales».