Los vertidos y el cierre de playas como la de Can Pere Antoni son habituales tras las tormentas. | Pilar Pellicer

16

El juzgado de Instrucción 12 autorizó el pinchazo de teléfonos de técnicos y antiguos responsables políticos de Emaya en la investigación que se sigue por un posible delito ambiental por los vertidos de aguas fecales a la Bahía de Palma. La jueza encargada de la investigación admitió la petición formulada por la Guardia Civil con el apoyo de la Fiscalía de Medio Ambiente.

A la vez que los agentes del Seprona acudieron a Emaya para reclamar documentación sobre los vertidos se iniciaron las escuchas telefónicas. Según fuentes judiciales, en ellas se constata el nerviosismo que cundió en la empresa municipal al conocer que había una investigación en marcha. «Vamos a dormir en el calabozo», llega a decir uno de los funcionarios. Ese tipo de comentarios lleva a los agentes del Seprona a concluir en el atestado enviado al juzgado de Instrucción que los investigados conocían las irregularidades y sostiene que es un indicio a favor de las tesis incriminatorias.

La investigación se centró el pasado verano y, en el mes de septiembre, el juzgado de Instrucción levantó el secreto de sumario y permitió el acceso a las actuaciones a los investigados, entre ellos la actual regidora de Urbanisme, Neus Truyols. Desde entonces las actuaciones no han avanzado y no se ha citado a declarar a los investigados.

Noticias relacionadas

Análisis

La causa está a la espera de que se remitan desde Madrid los resultados de una serie de análisis sobre muestras del agua de la Bahía durante los vertidos para acreditar precisamente la contaminación y si supone un riesgo para la población. Estas pruebas se llevan a cabo a través de la unidad de apoyo a la Fiscalía de Medio Ambiente. Una vez estén esos resultados se fijará un calendario para las declaraciones.

La causa arranca tras la denuncia de un navegante, el abogado Santiago Fiol, ante el juzgado. A esas diligencias previas se incorporaron las informativas que mantenía abiertas la Fiscalía de Medio Ambiente de Balears. Los investigados han rechazado cualquier irregularidad en el destino del canon del agua que, señalan que no era una partida finalista y que la gestiona el Govern y no el Ajuntament ni Emaya.

El otro argumento empleado en su defensa es que el mal estado de la depuradora provoca los vertidos desde hace varias décadas y que, en la pasada legislatura, a la que se ciñe la investigación, no se dispuso de fondos necesarios para afrontar las inversiones necesarias.