El Gobierno aprueba el protocolo frente al acoso sexual en la Administración del Estado

El protocolo obliga asimismo a la Administración a atender y tramitar, en su caso, las notificaciones que reciba sobre , en el ámbito de su competencia, garantizando supuestos de acoso sexual o acoso por razón de sexoque sus actuaciones no desprotejan a la víctima. Para actuar con celeridad se ha rebajado a diez días el plazo máximo para elaborar un informe desde la comunicación o solicitud de activación del protocolo.

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La entrada en vigor del protocolo tendrá lugar en el plazo de seis meses desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), para que cada ministerio y organismo público lo pueda adaptar con garantías.

El protocolo se acordó la pasada semana con la mayoría de la representación sindical (CSIF, UGT y CIG), que destacó entre sus novedades que contempla el acoso realizado a través de medios tecnológicos, informáticos o ciberacoso y que establece un amplio listado de conductas constitutivas de acoso como flirteos, insinuaciones, abrazos o besos no deseados, comentarios sexistas, despectivos o bromas vejatorias. CCOO, sin embargo, lo criticó por considerar que no protege debidamente a los trabajadores, ya que no se establecen medidas organizativas para separar a la víctima de la persona acosadora y no se modifica el régimen disciplinario para permitir sanciones graves o muy graves si decae la vía judicial, entre otras cosas.