Para ocho de ellos pide también que se abra juicio oral por otros delitos como tenencia, depósito o fabricación de sustancias o aparatos explosivos e inflamables de carácter terrorista, e incluye además el de estragos de carácter terrorista y en grado de tentativa, según su escrito, fechado el pasado 15 de junio.
La mayoría fueron detenidos en septiembre de 2019 en la conocida como Operación Judas por planear, presuntamente, acciones violentas de cara al aniversario del 1 de octubre, fecha en la que se celebró -dos años antes- el referéndum independentista catalán, declarado ilegal; y a la sentencia del Tribunal Supremo contra los líderes soberanistas. Tras años de investigación, el juez Manuel García Castellón concluyó que los investigados habrían conformado «una organización terrorista paralela, de carácter clandestino y estable, cuyo objetivo sería el de llevar a cabo acciones violentas o atentados contra objetivos previamente seleccionados» utilizando explosivos y sustancias incendiarias fabricados en laboratorios clandestinos.
El juez acordó procesar a 13 investigados, entre los que figura quien fuese teniente de alcalde del Ayuntamiento de Sentmenat (Barcelona), Queralt Casoliva (CUP-Amunt), si bien acabó archivando el procedimiento contra uno de ellos por problemas de salud. Según la tesis que plasmó en su auto de procesamiento, los investigados se agrupaban presuntamente en el autodenominado Equipo de Respuesta Táctica (ERT), una célula radical de los CDR creada por la necesidad de contar con un grupo clandestino de máxima confianza, totalmente entregados a «la causa» a los que se les encargó las acciones más sensibles.
Los miembros habrían participado, según el juez, en acciones contundentes como cortes de carretera o levantamiento de barreras de peajes; en la creación y desarrollo de los centros de coordinación (CECOR) y asumieron el encargo recibido de un denominado «CNI Catalán» para que aportasen infraestructura logística para acometer una acción en la que se pretendía ocupar y defender el Parlament de Cataluña.
El juez mencionó que, cuando el grupo fue desarticulado, algunos miembros ya habrían desarrollado actos preparatorios como reconocimiento de objetivos, vigilancia de instalaciones policiales o localización de torres eléctricas, y citó entre sus supuestos objetivos a la Comandancia Naval de Barcelona, el Gobierno Militar de Barcelona, la Delegación de Gobierno, la Jefatura de la Comandancia de la Guardia Civil de Barcelona o el Parlament.
2 comentarios
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Pues eso.
LA FISCALÍA tiene algo que ver?