El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes un real decreto ley de medidas económicas que contempla la moratoria hipotecaria para inmuebles afectos a la actividad turística, por lo que otorga un periodo de moratoria de hasta 12 meses para las operaciones financieras de carácter hipotecario suscritas con entidades de crédito.
De esta moratoria podrán beneficiarse los trabajadores autónomos y las personas jurídicas con domicilio social en España que estén atravesando dificultades financieras como consecuencia de la crisis del coronavirus. Los préstamos que hayan sido objeto de impago total o parcial de alguna de sus cuotas desde antes del 1 de enero de 2020 quedan excluidos.
Durante la moratoria solo se abonarán intereses de la deuda hipotecaría, sin amortizarse el capital. El plazo de amortización se extendería hasta 12 meses más, o el importe aplazado se redistribuiría entre las cuotas restantes sin modificar la fecha de vencimiento.
Si el inmueble fuese objeto de un contrato de arrendamiento, el beneficiario de la moratoria hipotecaria deberá conceder al arrendatario una moratoria en el pago del arrendamiento de al menos un 70% de la cuantía de la moratoria hipotecaria, siempre que el aplazamiento o la condonación no se hubiera pactado antes entre las partes.
Además, la disposición adicional cuarta del Real Decreto-ley incluye una medida del Ministerio de Trabajo y Economía Social por la que las empresas dedicadas al turismo, el comercio y la hostelería que entre julio y octubre generen actividad en estos sectores, contarán con exoneraciones del 50% de las cuotas a la Seguridad Social de los trabajadores fijos discontinuos que incorporen o mantengan su ocupación.
El Gobierno ha aprobado en total tres medidas para el sector, incluidas en el Real Decreto Ley de medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y el empleo. Estas ya están integradas en el 'Plan de Impulso al sector turístico' presentado el pasado 18 de junio por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Así, el Gobierno ha aprobado la puesta en marcha del sistema de financiación de proyectos para la digitalización y la innovación del sector.
El programa tendrá un presupuesto de 216 millones de euros para el ejercicio de 2020 y se prevé la concesión de un máximo de 1.100 préstamos para cada ejercicio presupuestario, con una base media por préstamo de 200.000 euros.
Se podrán financiar los gastos de personal, costes de instrumental y material inventariable, costes de investigación contractual, conocimientos técnicos y patentes adquiridas u obtenidas por licencia de fuentes externas en condiciones de plena competencia y gastos generales suplementarios.
Asimismo, se ha aprobado los 'Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos', un instrumento cuyo objetivo es impulsar el desarrollo de los destinos rurales y de interior apoyando la inversión en actuaciones de impulso, adecuación y mejora de los destinos turísticos con el fin de aumentar su sostenibilidad.
El impulso de estos destinos se hará mediante el aprovechamiento de los recursos a través de equipamientos turísticos, el desarrollo de productos atractivos, su promoción y el apoyo a la capacidad operativa de los entes que gestionen los destinos.
La Conferencia Sectorial de Turismo aprobará cada año las propuestas de planes de sostenibilidad turística presentadas por las entidades locales que mejor cumplan los criterios de selección establecidos en el programa. En el primer ejercicio se propone la dotación de una partida de 23 millones de euros.
ICO
Además, el real decreto incluye un nuevo paquete de medidas por importe de 50.000 millones de euros, con una nueva línea de avales del ICO de 40.000 millones de euros para impulsar la actividad inversora en sostenibilidad medioambiental y digitalización y la creación de un fondo de 10.000 millones de euros de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas.
Este nuevo paquete, que ve la luz en el marco del Acuerdo por la Reactivación Económica y el Empleo con los agentes sociales, tiene como objetivo reforzar y acelerar la recuperación que ya ha iniciado la economía tras la crisis provocada por el Covid-19, según ha explicado el Gobierno, para lo que se ponen en marcha medidas que impulsan la inversión y refuerzan la solvencia de las empresas, lo que a su vez dará soporte a «miles de puestos de trabajo».
Entre esas medidas se incluye la creación de una nueva Línea de Avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) por importe de 40.000 millones de euros dirigida a impulsar la actividad inversora y fomentarla en las áreas donde se genere mayor valor añadido, en torno a dos ejes principales: la sostenibilidad medioambiental y la digitalización.
Ante el elevado uso de la anterior línea de avales, aprobada el pasado 17 de marzo y destinada a cubrir las necesidades de liquidez, por importe de 100.000 millones de euros, y el «óptimo» funcionamiento del modelo de colaboración público-privado, el Ejecutivo tiene previsto replicar el modo de aprobación y gestión, con el fin de optimizar los recursos y la capilaridad de la llegada de los fondos al tejido productivo.
Pedro Sánchez explicó este jueves que se han registrado 500.000 operaciones (10.000 operaciones al día) a través de esa primera línea de garantías, que podían solicitar hasta el 30 de septiembre de forma exclusiva las empresas afectadas por los efectos económicos del Covid-19, siempre que los solicitantes no estuvieran en situación de morosidad a 31 de diciembre de 2019 y en procedimiento concursal a 17 de marzo de 2020.
Precisamente el pasado miércoles, el Gobierno reasignó 28.000 millones de euros en avales a través del ICO que no se habían consumido, destinados principalmente a autónomos y pymes, una vez acabado el plazo del 30 de junio.
Plan Renove
El Consejo de Ministros ha aprobado también el Plan Renove con ayudas de entre 300 y 4.000 euros para la compra de un vehículo de cualquier tecnología y que se aplicarán con carácter retroactivo con fecha 16 de junio, tanto a empresas como a particulares, a los que se limitó inicialmente la retroactividad.
Salvación de empresas solventes
Asimismo, el Consejo de Ministros ha aprobado la creación de un Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas. Se trata de un nuevo instrumento que estará dotado con 10.000 millones de euros y cuyo objetivo es aportar apoyo público temporal para reforzar la solvencia de empresas no financieras afectadas por la pandemia del Covid-19.
Este fondo estará adscrito al Ministerio de Hacienda y será gestionado a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), ajustándose a la normativa de ayudas de Estado de la Comisión Europea.
El fondo se articulará a través de distintos instrumentos como la concesión de préstamos participativos, la adquisición de deuda subordinada o la suscripción de acciones u otros instrumentos de capital. El importe de los dividendos, intereses y plusvalías que resulten de las inversiones que se realicen se ingresarán en el Tesoro Público.
En concreto, el fondo está dirigido a sociedades que atraviesen severas dificultades de carácter temporal como consecuencia de la situación generada por el Covid-19 y que sean consideradas estratégicas por diversos motivos, como su impacto social y económico, su relevancia para la seguridad, la salud de las personas, las infraestructuras, las comunicaciones o su contribución al buen funcionamiento de los mercados.
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De que sirve todo eso si lo rematan subiendo impuestos! Lo que nos ahoga es el pago de impuestos...Lo que te "dan" por un lado, te lo roban multiplicado por el otro...