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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, se reunirán durante la primera semana de febrero.

En una entrevista en RTVE, el presidente ha avanzado además que al igual que hará con Torra, se reunirá con todos los demás mandatarios autonómicos.
Y lo hará, según sus palabras, en las sedes de las presidencias de los gobiernos de cada comunidad autónoma con la finalidad de abordar con mayor cercanía «los problemas de la ciudadanía».

El encuentro con Torra obligará a retrasar la primera reunión de la mesa de diálogo entre gobiernos pactada en el acuerdo de investidura sellado entre el PSOE y ERC, y que preveía una primera reunión quince días después de la formación del Gobierno.

Sánchez ha explicado que el presidente catalán había pedido que su reunión fuera previa a la mesa de gobiernos, un requisito al que no ve «ningún problema».
«Vamos con voluntad aunque hay grandes diferencias», ha reconocido el jefe del Ejecutivo, que ha remarcado que esa comisión bilateral es «perfectamente constitucional» y que el autogobierno es el «punto de encuentro de todos los catalanes"

En cualquier caso, el presidente del Gobierno ha querido dejar claro que su compromiso de «desjudicializar el conflicto» no conlleva en modo alguno impunidad.
«Si yo no hiciera cumplir la ley estaría prevaricando», ha remarcado Sánchez, que sí ha abogado porque los políticos dejen de «esconderse» detrás del Tribunal Supremo para no abordar desde el diálogo y el consenso un conflicto de naturaleza política.
Por eso, ha lamentado que a pesar de que el desafío independentista en Cataluña es un problema «heredado» del anterior Gobierno del PP, su Ejecutivo no encuentre ni solidaridad ni «empatía» por parte del partido de Pablo Casado.

«Habrá partidos que querrán que no haya diálogo o que no haya acuerdo, porque viven muy bien del conflicto», ha criticado.
No obstante y a preguntas de los entrevistadores, ha garantizado que el acuerdo para resolver el conflicto en Cataluña no puede incluir la autodeterminación, porque ese acuerdo, ha dicho, no puede basarse en «cosas que nos pueden dividir más».
Sí cree el presidente del Gobierno que el Código Penal, que incluye el delito de sedición por el que fueron condenados los líderes independentistas, contiene tipos penales que no son homologables a los de otros países de la UE.

En todo caso, cualquier posible modificación -ha dicho- corresponderá al Congreso y a los grupos parlamentarios.

Sobre la propuesta de la exministra de Justicia Dolores Delgado para el puesto de fiscal general del Estado, Sánchez ha defendido su «currículum impecable» al tiempo que ha garantizado su plena autonomía del Gobierno.
Considera que la polémica por su nombramiento es «muy artificial» y viene derivada del «mal perder» de la derecha que, según ha denunciado, siempre monta «bronca» cuando gobierna el PSOE.