Pedraz se niega a archivar la causa por el genocidio en Guatemala

El juez señala que la Audiencia tiene jurisdicción para investigar estos hechos por ser «delitos de terrorismo»

| Madrid |

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Pedraz ve los hechos como terrorismo, dejando la causa fuera de la reforma de la justicia universal.

Pedraz ve los hechos como terrorismo, dejando la causa fuera de la reforma de la justicia universal.

20-05-2014ultimahora.es

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz se ha negado a archivar la causa en la que investiga el genocidio de la población maya provocado por el Ejército de Guatemala entre los años 1978 y 1984, que dejó más de 250.000 víctimas, y el asalto a la Embajada de España en el país, que causó 36 muertos, a pesar de la limitación de la jurisdicción universal aprobada por el Congreso en febrero pasado.

En un auto dictado ayer, Pedraz señala que la Audiencia Nacional tiene «jurisdicción» para investigar estos hechos porque se trata de «delitos de terrorismo» que además serían «conexos» a otros de genocidio, lesa humanidad, torturas, asesinato, crímenes de género y detenciones ilegales.

El magistrado argumenta que, de acuerdo con la reforma del artículo 23.4 de la de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que limita la aplicación de la justicia universal, únicamente cabría mantener la investigación por el delito de terrorismo al haber víctimas españolas aunque señala que el título de jurisdicción universal debe ampliarse al resto de delitos porque «de otra forma se rompería la denominada continencia de la causa» al ser «imposible» juzgarlos por separado.

Pedraz, que también se ha negado a archivar la causa en la que se investiga la muerte del cámara José Couso en Irak en 2003, convierte las actuaciones en sumario y acuerda continuar con la investigación, que se abrió en 1999 a partir de una denuncia de la Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchu y fue ratificada por el Tribunal Constitucional en octubre de 2005.

Como nueva diligencia, además, acuerda librar una comisión rogatoria al país centroamericano para saber si han existido procedimientos judiciales «con las debidas garantías».

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