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La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía concluye en un informe que el PP pagó parte de la reforma de su sede de la madrileña calle Génova con fondos procedentes de la contabilidad paralela que llevaba el extesorero del partido Luis Bárcenas.

El informe de la UDEF, que analiza la documentación entregada por el PP a Ruz y la que el juez incautó en el registro de la sede de la empresa que hizo la reforma, Unifica, indica que «existía una dualidad en la forma de pago de las obras» por parte del PP, según un auto dictado hoy por el juez que recoge el documento policial.

Había, dice, dos certificaciones, unas de menor importe creadas «ad hoc» para adecuar lo pagado a Unifica mediante transferencia bancaria desde una cuenta del PP y que se correspondía con los presupuestos y facturas de las obras, y otras de mayor cantidad que eran las verdaderas.

Estas últimas recogían los trabajos realmente ejecutados, y la diferencia entre unas y otras se abonaba en parte «con fondos ajenos al circuito económico financiero, correspondientes con las anotaciones procedentes de la contabilidad cuya llevanza correspondía a Luis Bárcenas», explica el juez.

Estos pagos no se reflejaron, insiste, «ni en la facturación ni en la contabilidad oficial, sino en la contabilidad paralela o B», es decir, que «en definitiva se habrían atendido con el remanente del capital no contabilizado disponible en la denominada caja B del partido"

De esta forma, el juez afirma que se puede confirmar, a nivel indiciario, las salidas de dinero reflejadas en los papeles de Bárcenas con la caja B del PP referidas al arquitecto de Unifica imputado, Gonzalo Urquijo, por un importe global de 888.000 euros.

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Según Ruz, el informe de la Policía viene a confirmar los indicios de «la existencia en el seno del PP de una corriente de cobros y pagos continua en el tiempo, ajena al circuito económico financiero y al margen de la contabilidad remitida por el partido popular al Tribunal de Cuentas».

Los pagos irregulares a Urquijo por la reforma de la sede pueden ser constitutivos de delitos fiscales, prosigue el juez en su auto, de los que pueden ser responsables el arquitecto, Bárcenas y el exgerente del partido Cristóbal Páez, todos ellos imputados en el caso, pero también a algunos empleados de Unifica.

A raíz de este informe, el juez Pablo Ruz ha citado de nuevo el 7 de mayo como testigos al exjefe de seguridad del PP Antonio de la Fuente, cuñado de Bárcenas, y al cajero del partido Luis Molero, así como a tres empleados de Unifica como imputados: María Rey, jefa de obra y que coordinaba los trabajos; Claudio Montero, jefe de proyectos; y Laura Montero, directora de proyectos.

La UDEF constata además en el informe que Urquijo y su socia en Unifica tenían cuentas bancarias en el exterior y que pagaron 109.445 euros cada uno (un 10 % del capital total) en 2012 para acogerse a la amnistía fiscal que aprobó el Gobierno, por lo que pide a Hacienda que le envíe esta declaración tributaria especial.

Por otro lado, el juez Ruz también ha autorizado hoy a Bárcenas a que prepare su declaración del próximo jueves con su abogado sin la mampara de cristal que hasta ahora les separaba en sus reuniones en la cárcel de Soto del Real, donde está ingresado por el caso Gürtel.

El juez de Vigilancia Penitenciaria ha valorado las circunstancias excepcionales de este caso y permite que abogado y cliente se reúnan en un habitáculo en el que se puedan examinar documentos.