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El Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional acordó ayer la revisión de todos los períodos de cumplimiento de prisión y de las aplicaciones «de cuantos beneficios penitenciarios hayan supuesto rebaja del tiempo efectivo de cumplimiento» con respecto a los pesos de ETA, antes de aprobar la extinción definitiva de sus condenas. En los casos que la Sala aprecie que la obtención de los beneficios penitenciarios pudiera haberse realizado «en fraude Ley», se instará a la Fiscalía para que ejercite acciones».

En la reunión no jurisdiccional del Pleno de la Sala que tuvo lugar ayer, los magistrados llegaron al acuerdo de establecer que la propuesta de liquidación definitiva de condena que hace la cárcel con respecto a cada reo no implique, de forma automática, un auto de excarcelación. Así, el licenciamiento deberá ser aprobado por la propia Audiencia Nacional una vez se constate «la regularidad, el cumplimiento y la legalidad de la fecha propuesta».

Esta medida se toma días después de la polémica que suscitó la excarcelación del peligroso etarra Iñaki de Juana Chaos, condenado a 3.000 años de prisión y a punto de quedar libre a principios de febrero tras cumplir solamente 18 años de cárcel. Finalmente, De Juana no saldrá porque otro juez dictó prisión preventiva contra él por dos presuntos delitos de pertenencia a banda armada y amenazas terroristas.

El texto del acuerdo señala que la aprobación de los licenciamientos es «competencia exclusiva del tribunal sentenciador o del último que dictó sentencia respecto del reo», según se regula en la Ley Orgánica General Penitenciaria y en el artículo 24 del Reglamento penitenciario. Con lo cual, y según establece el acuerdo alcanzado, para poder realizar las comprobaciones necesarias y dictar la resolución que proceda en cada caso, la Audiencia Nacional exigirá de los centros penitenciarios que eleven una propuesta de licenciamiento con respecto a cada preso «con dos meses de antelación como mínimo».