El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha suspendido las
actividades del Partido Comunista de España Reconstituido -PCE (r)-
y ha decretado la clausura de sus locales en España y en el
extranjero, por considerar que su actuación es ilícita. En su
opinión, esta organización constituye el brazo político del GRAPO.
Los miembros de la organización terrorista, según el Ministerio
Público, eran reclutados por este partido, adoctrinados y, tras una
«prueba de valía», ingresaban finalmente en los comandos
militares.
La decisión del magistrado se ha producido tras estudiar el
informe presentado el pasado mes de octubre por el fiscal de la
Audiencia Nacional Enrique Molina, en el que se señalaba que el
Comité Central del PCE(r) nutre ideológicamente al brazo militar de
la organización terrorista, «fijando la táctica y estrategia de la
lucha armada, eligiendo objetivos, consiguiendo la infraestructura
y recursos económicos, escogiendo a los responsables de las
acciones armadas y la composición de los autodenominados comandos
militares».
El fiscal explicaba en su informe que la organización terrorista
PCE(r)-GRAPO está formada por dos ramas, una política y otra
militar «que defiende la lucha armada como vía para la consecución
de sus objetivos». El órgano responsable de la primera de las dos
ramas es el Comité Central del partido.
El fiscal situaba el origen de la formación PCE(r)-GRAPO en
junio de 1975, mediante la configuración de una estructura basada
en el denominado «centralismo democrático». Según la Fiscalía, el
PCE(r)-GRAPO adiestra a sus miembros en el manejo de armas y
técnicas de guerrilla, además de adoctrinarlos «a fin de garantizar
el compromiso con la causa».
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