Hernando destacó que «por desgracia» el delito de desacato a los
tribunales ha desaparecido del Código Penal, pero, sin embargo,
ahora existe el de desobediencia a los mandatos judiciales.
Hernando contestó así a la pregunta de si el Parlamento vasco
incurría en algún delito por negarse a cumplir las órdenes del juez
Garzón. Asimismo, indicó que al órgano jurisdiccional competente,
en este caso el juez Garzón, le corresponde la obligación de juzgar
y hacer ejecutar lo juzgado, como establece nuestro ordenamiento
jurídico.
En cuanto a si existía un conflicto de poderes, dijo: «No hay
conflicto de poderes en absoluto. Hay un juez que realiza su
cometido y otra institución del Estado que no se conforma o no está
de acuerdo, e inicia los trámites pertinentes por una vía
excepcional sin duda, que es ejercitar una acción directa contra el
juez». El fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, señaló que
esperará a conocer el informe del Parlamento vasco que dio lugar a
que esta Cámara no suspendiera a Batasuna, como ordenó el juez,
para decidir si emprende acciones legales.
El portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ),
Enrique López, afirmó que plantear un conflicto jurisdiccional es
«la mejor salida» a la situación creada por la negativa del
Parlamento vasco a aplicar el auto de suspensión de actividades de
Batasuna dictado por Garzón. La opinión de López es compartida por
las asociaciones judiciales Asociación Profesional de la
Magistratura y Jueces para la Democracia.
Sin comentarios
Para comentar es necesario estar registrado en Ultima Hora
De momento no hay comentarios.