El fiscal del «caso Lasa-Zabala», Jesús Santos, pidió ayer 18 años
más de prisión para el general de la Guardia Civil Enrique
Rodríguez Galindo y para el ex gobernador civil de Guipúzcoa Julen
Elgorriaga, al elevar de 92 a 110 años su petición de penas por el
secuestro y asesinato de los dos presuntos etarras que
desaparecieron en Bayona (Francia) en 1983. Además de aumentar
también en los mismos años (de 90 a 108) su solicitud de condena
para los ex agentes del cuartel de Inchaurrondo Angel Vaquero,
Enrique Dorado y Felipe Bayo, el fiscal duplicó su petición de
cárcel para el ex secretario de Estado para la Seguridad Rafael
Vera y para el abogado Jorge Argote, para quienes reclama ahora
cuatro años de prisión en lugar de dos.
La acusación particular en nombre de la familia de Lasa y Zabala
mantiene su petición de 114 y 112 años para los principales
acusados (Galindo, Elgorriaga, Vaquero, Dorado y Bayo), y aumenta
la solicitud de condena para Vera y Argote, mientras que la acción
popular eleva en cuatro años su petición para los cinco primeros
procesados, mantiene la de Argote y rebaja la de Vera.
El abogado defensor del general Enrique Rodríguez Galindo, José
María Fuster Fabra, declaró ayer que la nueva petición de penas del
ministerio público es «una huida hacia adelante por parte del
fiscal» y señaló que su defendido acogió con «serenidad» el aumento
de la solicitud de condena. Las modificaciones en los escritos de
conclusiones provisionales de las acusaciones, que ocupaban 75
hojas, motivaron la suspensión del juicio hasta hoy para que las
defensas, como reclamaron, tuvieran al menos un día para
estudiarlas, por lo que el informe del fiscal se retrasó hasta la
47 sesión de hoy, en la que lo expondrá durante varias horas.
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