El Gobierno español recibió la decisión del ministro británico de
Interior, Jack Straw, de dar luz verde al proceso de extradición
del ex dictador chileno Augusto Pinochet a España con la máxima
prudencia. Fuentes diplomáticas se apresuraron a recordar que «la
suerte del general Pinochet está íntegramente en manos de las
autoridades británicas». Josep Piqué volvió a insistir en que el
Gobierno respeta la decisión y pidió que no se politizara el asunto
«que por definición es complejo y problemático».
Desde el PSOE, María Teresa Fernández de la Vega mostró su
satisfacción por el inicio del proceso de extradición y aseguró que
la decisión de Straw era «previsible» porque hubiese sido
«impensable» que hubiera sido distinta.
Y como ha venido haciendo su partido desde que la justicia
"tanto británica como española" ha ido dando la razón al juez
Garzón, que instruye el proceso contra el ex dictador, Fernández de
la Vega volvió a pedir al presidente del Gobierno, José María
Aznar, que «deje de esconderse tras los fiscales, condene el
genocidio chileno y cese al fiscal general del Estado, Jesús
Cardenal, y al fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo
Fungairiño», que siempre se han opuesto a la actuación de los
tribunales españoles en este caso.
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