La profunda división que ha provocado en la sociedad chilena la detención en Londres del general Augusto Pinochet se profundizó ayer tras el anuncio del Gobierno británico de cursar la petición de extradición del ex dictador a España. Mientras el Gobierno pidió calma a la población y llamó a consultas a su embajador en Londres, el Ejército se declaró «profundamente conmocionado» y la derecha responsabilizó a los socialistas.
El Gobierno chileno «reafirma su posición inalterable: ningún tribunal de un país extranjero puede juzgar a un compatriota por delitos cometidos dentro de nuestro territorio», declaró Frei. Eduardo Frei ha convocado además para mañana al Consejo de Seguridad Nacional, formado por los jefes de las Fuerzas Armadas.
Mientras, el ministro chileno de Asuntos Exteriores, José Miguel Insulza, dijo en Rio de Janeiro, donde asiste a la XV cumbre del Mercosur, que su país rechaza categóricamente la decisión tomada por Straw y aunque reconoció no estar sorprendido por la decisión británica, señaló que Straw «está transgrediendo la jurisdicción de Chile» y por lo tanto que «se utilizarán todos los medios necesarios para revertir esta situación».
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