Preocupación entre los alcaldes por el rastreo policial de extranjeros sin papeles en sus padrones

La Brigada de Extranjería de la Policía Nacional de Baleares persigue un fraude de personas extranjeras que llegan a España a través de invitaciones o como turistas y se empadronan en domicilios, inicialmente de forma regular. El empadronamiento es el paso previo para la obtención de la tarjeta sanitaria, la tarjeta de transporte del TIB y de ayudas sociales. Pasados tres meses desde su entrada en el país, si los extranjeros no obtienen el permiso de residencia, pasan a ser considerados inmigrantes sin papeles.

El cuerpo policial ha desarticulado una mafia que tramitaba las altas y la obtención de tarjetas sanitarias a cambio de pagos. Se han llegado a detectar casos de más de 85 personas empadronadas en tres viviendas de Inca. Como consecuencia de este abuso, los padrones municipales están en el punto de mira de los agentes. Los alcaldes avisan de que algunos de sus «vecinos de toda la vida están teniendo que afrontar el pago de multas de hasta 1.000 euros por haber permitido empadronarse en sus casas a cuidadores internos de personas mayores a los que no dan dado de baja cuando pasan esos tres meses».

Así lo explica el presidente de la Federació d’Entitats de les Illes Balears (FELIB) y alcalde de Maria de la Salut, Jaume Ferriol. «A Maria de la Salut ya nos han llegado dos requerimientos, uno de ellos se debía a un error y el otro es un caso de una persona mayor que empadronó a su cuidador en su vivienda y luego no le dio de baja», dice. El presidente de la FELIB dice que es una cuestión que preocupa en el seno de la federación de municipios. «Empezamos a recibir los requerimientos en octubre y sabemos que en sa Pobla ya ha habido multas de 1.000 euros. Me reuní con la entonces delegada del gobierno, Aina Calvo, y ahora estamos a la espera de convocar una nueva reunión de los alcaldes con la Policía Nacional y con el nuevo delegado del Gobierno, Alfonso Rodríguez, para saber cómo tenemos que abordar esta problemática», dice.

Consentir el empadronamiento de extranjeros en situación irregular en viviendas en las que realmente no residen puede conllevar multas de entre 501 y 10.000 euros. En el caso de la red desarticulada en Inca, dos personas cobraban hasta 400 euros a cada uno de los empadronados. Los investigadores constataron que aunque había 85 inscritos algunas personas fueron engañadas y pagaron sin llegar a estar nunca registrados en el padrón municipal.