El negocio del agua mueve más de 100 millones al año en Mallorca

La Agencia Balear del Agua y la Calidad Ambiental (ente público que gestiona las plantas desaladoras de Alcúdia, Palma y Andratx y un entramado de 175 km de tuberías en la Isla) sirve a día de hoy el líquido a 14 de los 53 municipios de Mallorca. Hay otros como Palma, Pollença y Manacor que gestionan el agua a través de sus empresas públicas (EMAYA, EMSER y SAM Manacor respectivamente) o bien de forma directa a través del propio Ajuntament. Sin embargo las concesiones privadas de suministro siguen siendo mayoritarias.

La privatización del suministro de agua se disparó en Mallorca en los primeros años de la llamada ‘Ley Montoro’. Aprobada en 2012 por el Gobierno de Mariano Rajoy para frenar la deuda municipal, la norma impedía a los ayuntamientos contratar a más personal en un momento en el que todos los municipios de Mallorca ganaban población. La congelación de los remanentes bancarios, unida a la crítica situación económica, llevó a algunos municipios a privatizar el suministro de agua potable. No en vano, el del agua es un mercado atractivo para las empresas que a cambio prometieron sanear las cuentas municipales.

Es algo que ocurrió en Binissalem donde cientos de vecinos salieron a protestar, pero no consiguieron revertir la situación. Una década después algunos de los partidos que se manifestaron contra la privatización impulsada por el ‘popular’ Jeroni Salom (Unió x Binissalem y el PSOE ), gobiernan en el Ajuntament y el suministro de agua sigue en manos de la empresa Antonio Gomila S.A. Las quejas continuas de los vecinos han quedado en agua de borrajas.

Inca, que sí consiguió parar in extremis el proceso de privatización, presume hoy de tener «una de las tarifas más bajas, si no la más baja de Mallorca: 0,38 euros el metro cúbico para los vecinos que consuman hasta 18 metros cúbicos en tres meses.

El 16 de diciembre se cumplieron precisamente diez años del encierro de los concejales del PSOE, Més e Indi en el Ajuntament d'Inca (entonces en la oposición) para frenar los planes del PP de privatizar el agua en la ciudad. El encierro (que recordaba a las películas de Berlanga, con colchones y mantas en el salón de plenos) dio sus frutos y el gobierno liderado entonces por el ‘popular’ Rafa Torres acabó dando marcha atrás.

El alcalde de Inca aseguró que necesitaba privatizar la gestión del agua para mantener la calidad del servicio y obtener fondos suficientes para concluir la reforma del Teatre Principal. El primero de sus argumentos perdió fuerza, cuando una primera ‘suavización’ de la 'Ley Montoro' abrió la posibilidad de gastar parte del remanente bancario en inversiones sostenibles. La red de abastecimiento de agua potable, es una inversión sostenible sin ningún género de dudas. Sabemos que Baleares pierde 30 hectómetros de agua al año por fugas. El agua en Inca sigue siendo pública a día de hoy y la ciudad consiguió también completar la reforma del Teatre Principal.

Entre las contadas remunicipalizaciones del suministro de agua potable en Mallorca destacan la de la Cala Sant Vicenç y el Calvario en Pollença, que se han incorporado en la última década a la red pública de aguas del municipio con el objetivo de evitar la salinización de los pozos en el primer caso y para dar un servicio inexistente hasta la fecha en el segundo.

La Empresa municipal de servicios de Pollença (EMSER) no solo ha ampliado la red de abastecimiento sino que impulsa un plan de colaboración entre las empresas públicas municipales de Mallorca para centralizar compras e intercambiar experiencias con la idea de que, cada vez más, los servicios esenciales como el agua, sean gestionados por entidades públicas. La gestión pública del agua permite que los vecinos de Pollença paguen 0,50 euros el metro cúbico de agua si no sobrepasan los 1.000 litros de consumo al mes. «Es una tarifa muy asumible por cualquier ciudadano», dice su gerente, Tomeu Servera.

No se trata solo de una cuestión de precios. En pleno siglo XXI aún quedan municipios en Mallorca que sirven agua no apta para el consumo humano a algunos de sus vecinos. Felanitx, Manacor, sa Pobla, Santa Margalida y Santanyí suspenden en las últimas analíticas publicadas por el Ministerio de Sanidad. Aunque algunos, como Manacor, sirven agua potable a una parte del municipio, siguen quedando amplios sectores urbanos y núcleos de población que reciben agua no apta para el consumo humano.

El agua que sale del grifo en los hogares de Mallorca puede proceder de distintas fuentes. Hay pozos públicos y privados, tres plantas desaladoras, varias potabilizadoras, varias fuentes naturales y los conocidos embalses de Cúber y el Gorg Blau. A todas ellas habría que sumar el agua regenerada, que procede del agua que se trata en las depuradoras de Baleares.

El líquido que se obtiene tras someter el agua depurada a un tratamiento terciario apenas se aprovecha en la Isla. Estamos ante un escenario en el que hay algunas balsas de agua depurada en desuso (como la de Maria de la Salut) y balsas con un caudal insuficiente para regar todos los cultivos que lo requieren (como la de Consell).

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Además de servir para el riego de cultivos, el agua reutilizada es una buena alternativa para el riego de los jardines y zonas verdes municipales y de los campos de golf de la Isla. Pese a las inversiones millonarias que los hoteleros y el Ajuntament de Alcúdia han hecho en la red terciaria para que sus zonas turísticas puedan aprovechar ese agua, la presencia de sal es tan alta que la ley no permite comercializarla. La infraestructura lleva más de una década completamente parada y no es un caso único.

Cambio climático

Mallorca (como el resto de Baleares) es un territorio especialmente vulnerable a los efectos del cambio climático. Los episodios de lluvia son cada vez más irregulares y aumenta la frecuencia de las lluvias torrenciales que provocan graves inundaciones, pero no son las más adecuadas para rellenar los acuíferos. Por eso y porque la población en Mallorca no deja de crecer, en el último trimestre de 2023 se ha disparado la compra de agua desalada.

Tomeu Servera, gerente de la Empresa Municipal de Servicios de Pollença (EMSER) relata que «habitualmente en octubre dejábamos de comprar agua a la desaladora, pero en diciembre hemos seguido comprando agua porque no ha llovido suficiente. Hemos registrado 26 litros en noviembre. Podríamos suprimir la desaladora, pero tendría un gran coste ambiental: la salinización de los pozos».

En Mallorca la empresa pública Abaqua, dependiente de la Conselleria de Medi Ambient, es quien gestiona las desaladoras de Palma, Alcúdia y Andratx. También Sa Font de sa Costera en Sóller y los pozos del acuífero de s’Estremera (en el límite entre Bunyola y Santa María) y de los pozos de Sa Marineta (Llubí).

Sa Font de Sa Costera y el acuífero de s’Estremera actúan como un único sistema. Durante la temporada baja (en la que cae la demanda) el agua de Sa Font de Sa Costera se reconduce hacia Bunyola para ser infiltrada al acuífero de s’Estremera que actuará como depósito natural de agua.

Los principales consumidores del agua de Abaqua son Calvià, Andratx, Palma y Muro. Joan Calafat, director general de Recursos Hídricos, advierte de que Mallorca se encuentra en una situación crítica en estos momentos. A principios de 2024 convocará las mesas del agua y el consejo general de agua para abordar conjuntamente la problemática y marcar una nueva hoja de ruta. «No solo tenemos un problema de sequía sino que la red de infraestructuras no está preparada. Tenemos las reservas al 30 % de capacidad pero es importante saber con qué calidad de agua y si es, o no, apta para el consumo», reflexiona.

El director general dice que centrará la política pública en materia de agua en cinco grandes ejes: ayudar a los ayuntamientos a mejorar su eficiencia, mejorar las infraestructuras para aportar más agua al sistema y no depender tanto de la pluviometría, mejorar la depuración de aguas, apostar por el papel clave de la regeneración y reutilización del agua depurada, e invertir en el mantenimiento y mejora de la red hidrográfica. «Tenemos 1.200 kilómetros de torrentes y el mantenimiento y conservación es cada vez más importante. Esto es así porque cada vez llueve más irregularmente y con más intensidad», explica.

Calafat sabe que el trabajo en materia de agua potable no será fácil y es que advierte de que Abaqua lleva años vendiendo el agua desalada por debajo del precio de coste. «Hemos encontrado un agujero de 18 o 19 millones de euros. Es inviable. Se ha estado vendiendo a 0,60 euros el metro cúbico de agua cuando el coste medio de producción es de entre 1,20 y 1,30 euros», dice.

A pesar de que su tarifa está por debajo del precio real, las empresas privadas son reticentes a comprar agua desalada porque tienen un tope tarifario aprobado por los ayuntamientos. «No es popular para un alcalde subir el precio del agua, pero sabemos que la demanda es inflexible y que con el nivel adquisitivo que hay en Baleares un aumento del coste no supondrá una reducción significativa del consumo», dice.

Pondrá sobre la mesa la idea de fijar un precio común de venta de agua para cada una de las Islas aún siendo consciente de que «tendrá un impacto tremendo». «Es necesario hacer pedagogía», dice.

El anterior Govern apostó por obligar a los ayuntamientos que querían comprar agua en verano a comprarla también en invierno para preservar así los acuíferos, pero es una fórmula que el nuevo director general de Recursos Hídricos no comparte: «El suministro de agua es una competencia municipal. No se puede hacer por obligación, pero se tiene que hacer. Hay que buscar el consenso», dice.

Joan Calafat explica que «en estos momentos existen más de 30 empresas privadas abastecedoras de agua en Balares y buena parte de ellas nos piden una regulación jurídica que les permita actualizar los precios». «Hay empresas que están aplicando tarifas del año 1995, es algo que resulta increíble aun si tenemos en cuenta solo lo que ha subido el coste de la energía», concluye.