El TSJIB confirma la condena de cinco años por vender una casa con orden de demolición

El acusado llevó a cabo unas obras en La Vileta. Había pedido licencia para una actuación menor en el inmueble pero, en realidad, fue una reforma completa del edificio, interior y de fachada. En octubre de 2016 técnicos del Ajuntament de Palma detectaron la infracción y pusieron en marcha un expediente de disciplina urbanística. Se suspendieron las obras un mes después y, más tarde, se dictó un decreto que ordenaba la demolición.

Mientras todo ese proceso se llevaba a cabo, el acusado y su socio negociaban la venta de la vivienda con las víctimas. Tanto la sentencia de la Audiencia Provincial como el TSJIB valoran que el constructor, en ningún momento dijo nada a la pareja sobre los problemas urbanísticos. Para la sentencia del Superior, «su persistente intervención resultó fundamental para lograr el consentimiento viciado, puesto que todo lo que fue ocultado obedecía a su actuación como constructor».

La pareja se encontró después de la adquisición con que tenían que iniciar un proceso desde cero para intentar legalizar la vivienda, que carece de cédula de habitabilidad y de varios permisos aún hoy en día, de manera que no puede ser vendida. Además, los afectados sufrieron distintos daños psicológicos.