Las entidades; Asociación de Clubs Náuticos de Baleares (ACNB), Asociación de Instalaciones Náutico Deportivas de Baleares (ANADE), Associació d´Empreses Nàutiques de les Illes Balears (AENIB), Asociación Patronal de Empresarios de Actividades Marítimas (APEAM), Asociación Española de Grandes Yates (AEGY), Balear Marine Cluster (BMC), Asociación de Industrias y Servicios Náuticos de Ibiza y Formentera (AISNEF), Asociación de Navegantes del Mediterráneo (ADN), Asociación Mallorquina de Pesca Recreativa y Responsable (AMPRR), l´Associació de Pescadors de les Illes Balears (APIB) y la Federació d´Associacions d´usuais (FAIB), manifiestan su más profundo desacuerdo con la transferencia de capital desde Ports IB a otros departamentos del Govern.
La queja de las asociaciones y empresas náuticas viene motivada por la decisión de la Conselleria de Hacienda de desviar 16,7 millones de Ports IB al Ibavi para la compra de 88 viviendas a Metrovacesa en la zona del Nou Llevant de Palma. «En el año 2020 se producía una transferencia de capital desde Ports IB a la entidad Seveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) de 10 millones de euros. Con anterioridad a este ejercicio, el Govern ya aprobó otra transferencia de capital de 5 millones al Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi). El pasado viernes, día 30 de junio, el Consejo de Administración de Ports IB, tenía previsto la celebración de una sesión extraordinaria, y su punto dos de la Orden del Día era autorizar, disponer y ordenar el pago de 16.733.000 de euros de nuevo al Instituto Balear de la Vivienda (IBAVI), sorprendentemente fue anulada dicha sesión extraordinaria, señalan todas las empresas en un comunicado.
Añaden que más de la mitad del presupuesto del ente público Ports IB, sale de lo que las instalaciones náuticas de gestión indirecta, clubes náuticos y marinas, pagan en concepto de canon y tasas, y por ende, a su vez muchos de estos ingresos «provienen de lo que los baleares pagamos por tener una embarcación en dichas instalaciones, a la vez que también podemos incluir aquí lo que abonan los usuarios de la gestión directa».
Afirman que el 80 % de las embarcaciones de nuestra comunidad son de una eslora inferior a 10 metros (náutica social). «Cualquier balear, conoce bien el sacrificio que le cuesta tener una embarcación en nuestro archipiélago, para que luego el beneficio que se obtiene no se revierta en el mismo sector náutico y en la náutica social. Esta pasada temporada, veíamos que lejos de abaratarse el precio de las boyas dado que la gestión la tomaba el ente Ports IB, se veía incrementado su precio en un 21% de un ejercicio a otro», critican.
Hasta la fecha la náutica social, apuntan, no se ha contemplado como una actividad propia de nuestro archipiélago, no ha sido objeto de ninguna ayuda ni apoyo por parte de la Administración. «Se ve normal que se tengan que comprar fincas públicas, hacer refugios a precios asequibles, rutas senderistas,… para que los baleares aficionados a la montaña puedan disfrutar de la misma a precios asequibles y con medios públicos, pagados por todos nosotros, pero no se aplica la misma filosofía a los ciudadanos que tienen su ocio en la mar», enfatizan.
Concluyen en el comunicado que si hay que ser solidarios el sector náutico no tiene ningún problema en aportar su parte, es más, tal vez con una gestión diferente podría ser posible favorecer decididamente la náutica social y aportar recursos a otros departamentos del Govern, pero en un contexto donde no es esta la situación, sólo se pide que, si bien de momento no se contempla la afición a la mar, con el mismo rasero que otras aficiones, al menos que el beneficio que el Govern genera con el esfuerzo de los usuarios del mar, sirva para ajustar cánones, tasas, precios de alquileres de puntos de amarre y servicios, si no quieren que sea así, que al menos este beneficio revierta en el mismo sector.
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