La contundencia del Govern para evitar que se celebren estas actividades ilegales busca ponerles coto en Ibiza, evitar que se extienden al resto de islas y, sobre todo, garantizar la seguridad. En una de estas fiestas que se celebraron el año pasado en Eivissa hubo un tiroteo que se saldó con un herido muy grave.   

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Las viviendas destinadas al alquiler turístico en la que se detecten fiestas pirata perderán de forma cautelar la licencia para seguir comercializándose. Es una de las medidas más contundentes que incorpora el decreto ley que acaba de aprobar el Govern con el objetivo de acabar con este tipo de actividad. Las fiestas han proliferado en Eivissa, donde se han convertido en un negocio, y el Govern teme que se extiendan a Mallorca y al resto de Islas, de ahí la dureza de la medida.

La consellera de Presidència del Ejecutivo autonómico, Mercedes Garrido, explicó que el propietario de la vivienda debe vigilar qué se hace en su casa y no puede desentenderse de lo que suceda. La norma establece, además, la posibilidad de establecer sanciones coercitivas mientras el denunciado no cumpla con las exigencias de la Administración, de la misma manera que se sanciona a una persona que hace obras ilegales y que debe pagar multas mientras no repare lo hecho sin permiso.

Responsabilidad

El presidente del Consell d’Eivissa, Vicent Marí, uno de los impulsores de esta medida, señala que los propietarios de las viviendas donde se celebran estas fiestas ilegales no pueden desentenderse de lo que suceda en ellas. El decreto ley establece sanciones de entre 150.000 y 300.000 euros para el propietario, pero a estas sanciones se suma la eliminación de la licencia turística como medida cautelar. Marí recuerda que, en una de estas fiestas ilegales celebradas el año pasado en la Isla, llegó a haber un tiroteo que dejó malherido a un ciudadano italiano.

La consellera de Presidència insistió en que las sanciones irán contra quien organiza las fiestas pirata, pero también contra quien las publicita, realiza cualquier tipo de actividad, como por ejemplo, actuar como DJ, o asiste a la celebración pirata. Hay una gradación de multas que va de los 300 euros para los asistentes a los 300.000 para los organizadores y propietarios. Tanto el Govern balear como el Consell insisten en que los dueños de las viviendas que se alquilan deben controlar a qué actividades se dedica su negocio. En el expediente se tendrá en cuenta la voluntad de colaboración de los propietarios, como por ejemplo, avisar a las autoridades en el caso de que descubran que se está realizando una actividad ilegal. Las dos administraciones confían en que la dureza de las sanciones ayude a frenar estas fiestas pirata.

El apunte

Una enmienda del PI ‘salva’ más de 8.000 plazas de alquiler

Los partidos del Pacte han aceptado incorporar una enmienda al proyecto de ley turística que salva más de 8.500 plazas de alquiler vacacional en edificios plurifamiliares. La enmienda da la posibilidad de que la moratoria no afecte a plazas cuya validez acaba dentro de cuatro años, pero no podían solicitar la renovación porque estaban afectadas por la moratoria. De esta forma no será así y estas plazas podrán solicitar la renovación de su licencia. La enmienda del PI también pide que el decrecimiento de plazas sea proporcional al tipo de alojamiento. Por ejemplo, que si los planes de los consells estiman que deben reducirse 40.000 plazas, que el 75 % sean hoteleras ya que la planta hotelera representa el 75 % de la actividad turística. El PI presentó ayer estas enmiendas con la patronal del alquiler vacacional, Habtur, con quien asegura que ha hecho un frente común. El PP valoró esta rectificación del pacte para salvar esas 8.522 plazas, pero exige que se garantice la continuidad de las 90.000 plazas en riesgo, así como levantar definitivamente la moratoria en Balears. «La presidenta del Govern, Francina Armengol, sólo acierta cuando rectifica y hoy tenemos la prueba», dijo Costa.

Punto de vista
Germà Ventayol

El derecho al descanso

Germà Ventayol

No estoy en contra del alquiler vacacional, al contrario, pero me parece imprescindible que cumpla con las normas de convivencia. Alquilar una vivienda para pasar unos días no justifica que pueda convertirse en una pseudo discoteca, el descanso es un derecho exigible e irrenunciable de cualquier persona. Por eso me solidarizo con los vecinos de Santa Catalina, Son Espanyolet o de donde sea; el problema es de una legislación permisiva con quienes no cumplen las normas y una autoridad que no les exige.