Martí March y Francina Armengol, abrazándose tras la aprobación de la ley educativa. | Jaume Morey

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El Parlament ha aprobado este martes la primera ley educativa de Balears pese al voto en contra del PP, Vox y Ciudadanos. «Muchas gracias a todos los que lo habéis hecho posible», ha afirmado el conseller d’Educació, Martí March, destacando algunos de los elementos más destacables de la normativa, como la apuesta por incrementar la inversión educativa o la universalización de la enseñanza 0-3 años. «Con la ley seguiremos consolidando la mejora de la educación», ha defendido March, que ha asegurado que el objetivo es crear «ciudadanos plurilingües, en todos los sentidos». De hecho, el modelo lingüístico de la normativa ha centrado el debate parlamentario.

El PP, que en principio había acordado con el Pacte votar a favor o abstenerse en algunos puntos concretos de la ley, finalmente la ha rechazado completamente por «pérdida de confianza», según ha justificado la diputada popular, Marga Durán. «El PSIB no cumple con su palabra», ha continuado, añadiendo que los socialistas «han cedido a una minoría radical», porque el lunes el Pacte acordó en el último momento que descartaban definir el castellano y el catalán como lenguas vehiculares.

Esta consideración se incluyó a propuesta del PP con la condición de que los conservadores se abstuvieran en la votación, pero hace unos días los partidos de izquierdas supieron que no cumplirían. Además, Més per Mallorca y Més per Menorca, presionados por las entidades a favor del catalán, apretaron al PSIB para eliminar el concepto vehicular. «El único culpable es usted», le ha dicho Durán al conseller, porque «la ley tenía que ser duradera, pero no será así», ha añadido la popular.

El diputado de Ciudadanos, Juan Manuel Gómez, ha explicado que aunque se hubiera preservado el concepto de lenguas vehiculares hubiera votado en contra porque el catalán quedaba blindado por el Decret de Mínims. El representante del partido naranja ha defendido «la libertad de las familias» para escolarizar en la lengua materna de sus hijos y ha lamentado que la normativa trata a la escuela concertada como «subsidiaria» de la pública. El líder de Vox Baleares, Jorge Campos, ha insistido que votarían en contra y ha reiterado que llevarán al ley al Tribunal Constitucional.

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La portavoz parlamentaria del Pi, Lina Pons, ha lamentado que se hable de la ley como si fuera una normativa lingüística y no educativa: «Nos hemos enrocado en lo mismo de siempre», ha dicho, y ha criticado que el PP y Ciudadanos rechacen el modelo lingüístico de la ley diciéndoles que «imitando a la ultraderecha no conseguiréis nada».

La diputada de Unidas Podemos, Gloria Santiago, ha insistido que la ley cuenta con «grandes consensos» , aunque ha admitido que hubiera sido mejor alcanzar unanimidad. Santiago ha destacado que a propuesta de su partido la normativa incluye la gratuidad del material escolar entre las familias más vulnerables y la enseñanza de Memoria Democrática.

El diputado de Més per Mallorca, Joan Mas ‘Collet’, ha criticado a los partidos que rechazan que el catalán tenga más protección que el castellano. «Decir que perjudica al castellano, es como decir que dar ayudas al pequeño comercio perjudica a Amazon», ha puesto como ejemplo.

El diputado de Més per Menorca, Josep Castells, ha celebrado la aprobación de la ley, pero ha lamentado que no se hubiera hecho la pasada legislatura. También ha reivindicado que la normativa ha sido posible gracias al pacto educativo surgido de las reivindicaciones contra el gobierno de José Ramón Bauzá. La celebración, según ha comentado, ha tenido un sabor «agridulce» porque aunque la ley ha sido posible gracias a las reivindicaciones de la plataforma Illes per un pacte la gente de ese movimiento está «defraudada».