La portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Palma, Eva Pomar, y la coordinadora autonómica de Cs en Baleares, Patricia Guasp, en una reunión. | CS BALEARES

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La coordinadora autonómica de Ciudadanos (Cs) en Baleares y portavoz en el Parlament, Patricia Guasp, ha anunciado que su formación va a presentar medidas para luchar contra la 'okupación' ilegal, tras las estadísticas publicadas, por el Ministerio del Interior, en las que aparece un incremento del 73,9% en los datos de allanamientos de morada y usurpaciones de vivienda en las Islas. Con la presentación de una Proposición No de Ley en el Parlament, Cs pretende «defender a familias y propietarios», así como «garantizar la seguridad jurídica en la propiedad privada», ha manifestado Guasp. La portavoz de Cs ha lamentado que «el Ibavi todavía tiene 58 viviendas públicas 'okupadas', perdiendo la posibilidad de destinarlas a familias sin recursos que de verdad la necesitan».

En una reunión entre Guasp y la portavoz de Cs en el Ayuntamiento de Palma, Eva Pomar, se ha puesto encima de la mesa la necesidad de realizar actuaciones coordinadas para acabar con la 'okupación'. Guasp ha lamentado «la inacción de las administraciones y el rechazo de la izquierda a las iniciativas de Ciudadanos en el Parlament que quieren acabar con la 'okupación'». «Urge una Ley y un Plan Autonómico que proteja a la propiedad privada y a las familias, y que garantice la seguridad y la convivencia en los barrios frente a la 'okupación' ilegal, que permita desalojos exprés», ha señalado Guasp, quien ha declarado que "hay que distinguir la 'okupación' de personas en situación de vulnerabilidad con la 'okupación' de mafias organizadas que se aprovechan de las personas vulnerables, a través del engaño y la extorsión.

Por su parte, la portavoz de la formación en Cort, Eva Pomar, ha criticado que «la falta de actuaciones por parte de las administraciones está provocando el aumento de 'okupaciones' en los barrios humildes de Palma, incrementando la crispación y provocando molestias al vecindario». «El gobierno del Ayuntamiento de Palma ha rechazado en varias ocasiones nuestra propuesta para crear una oficina anti okupación, en la que se atienda y asesore legalmente a los afectados», ha recordado Pomar.