La FAPA critica que el Govern «ha descargado sobre las familias la responsabilidad de cómo actuar ante síntomas y posibles contagios. Además, los docentes deben gestionar los contagios en las aulas sin unas mínimas explicaciones». | Marcelo Sastre

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La Federació d’Associacions de Famílies d’Alumnes (FAPA) de Mallorca ha acusado a las conselleries d’Educació y Salut de «seguir pidiendo a docentes y familias un ejercicio de fe ciega en su gestión de la COVID en los centros educativos, pues continúan sin aportar justificaciones a los cambios en sus medidas». En este sentido, la FAPA señala que «Educació y Salut esperan que docentes y familias seamos alumnos obedientes sin pedir el porqué de las cosas. La situación actual es de agotamiento y frustración entre las familias, sobre las que se descarga la responsabilidad de cómo actuar ante los síntomas y posibles contagios. Y los docentes y equipos directivos deben gestionar los contagios en las aulas y enfrentarse a situaciones complejas y cambiantes sin unas mínimas explicaciones».

La federación destaca que «continuamos sin saber si se cerrará o no un aula si hay cinco contagios, pues se dejan las actuaciones a seguir en manos de una valoración de la Direcció General de Salut Pública. Y en el caso de un positivo en el aula o un posible confinamiento del grupo, las familias seguimos con la responsabilidad de hacer o no un test de antígenos a nuestros hijos, y pagarlo de nuestros bolsillos, aunque su precio esté regulado».

En términos de organización interna de la Conselleria d’Educació, el departamento autonómico reactivó ayer los permisos no retribuidos para la conciliación laboral y familiar de los docentes. Así, la Conselleria pone a disposición del personal docente no universitario una reducción especial de la jornada de trabajo, del 50 o del 100 %, si acredita la necesidad de atender a una persona en cuarentena por la COVID-19 con la que conviva. El sindicato UGT reclamó «un permiso retribuido que reconozca el esfuerzo realizado por los docentes ante la pandemia. La reducción de jornada no debe suponer una reducción de los ingresos de los docentes o, en todo caso, debe ser mínima». UGT también criticó que «la Administración practique una especie de laissez faire eliminando cuarentenas y pruebas diagnósticas». Por su parte, el sindicato ANPE considera necesaria «una partida presupuestaria, como tienen los profesionales sanitarios, para gratificar el sobreesfuerzo de los docentes y potenciar las sustituciones».