Fachada del Ajuntament de Palma.

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El Govern balear ha aprobado 1,3 millones de euros para financiar parcialmente la figura de los agentes covid y la seguridad privada contratada por los ayuntamientos, con el objetivo de reforzar a los consistorios a la hora de velar por el cumplimiento de la normativa COVID-19.

Según ha informado el portavoz del Ejecutivo, Iago Negueruela, en una rueda de prensa, el Consell de Govern ha aprobado este lunes una ampliación extraordinaria del Fondo de Seguridad Pública de 1,3 millones de euros para reforzar, complementar y fortalecer los ayuntamientos de Baleares a la hora de velar por el cumplimiento de las medidas de la COVID-19.

En concreto, estos 1,3 millones, que recibirá la Conselleria de Presidencia, Función Pública e Igualdad, se utilizará para financiar parcialmente a los ayuntamientos de Baleares el coste derivado del nombramiento de los agentes covid y de los gastos derivados de la adquisición de uniformes de estos agentes.

También, esta cantidad se usará para financiar de forma parcial los gastos derivados de la contratación de servicios de seguridad privada para realizar tareas de control de accesos y de vigilancia en relación con el cumplimiento de las medidas para hacer frente a la pandemia y con los gastos de servicios de seguridad privada que, con el mismo fin, tengan por objeto apoyar a la policía local en el caso de municipios que dispongan de la preceptiva autorización de la Delegación del Gobierno.

Los ayuntamientos pueden incluir en estos fondos gastos hechos desde el 9 de mayo de 2021, con lo que se sufragarán gastos que ya se han tenido que asumir.

Aun así, actualmente está en fase de tramitación el Proyecto de decreto del Fondo de Seguridad Pública de Baleares de carácter extraordinario para paliar los efectos derivados de la COVID-19, que regulará los criterios de distribución de este fondo extraordinario, de acuerdo a una serie de porcentajes.

Los porcentajes que regularán los criterios de distribución serán un 20% proporcionalmente a población de los municipios solicitantes --de acuerdo con el padrón de 2020--, un 30% proporcionalmente al número de plazas turísticas de los municipios solicitantes, un 15% proporcionalmente al número de núcleos de población de los municipios solicitantes y el 35% restante a partes iguales entre los municipios solicitantes --mínimo de 6.700 euros por cada ayuntamiento--.

El objetivo de estos criterios es una discriminación positiva hacia los ayuntamientos más pequeños.

Los agentes covid trabajarán conjuntamente con la policía local con funciones predeterminadas en la normativa estatal, custodiar las instalaciones y las dependencias municipales, controlar la movilidad, velar por el cumplimiento de las ordenanzas, los bandos municipales y la normativa de la COVID-19 y prestar primeros auxilios en casos de accidente de tráfico.

El ámbito de actuación de estos auxiliares covid será municipal dentro del ayuntamiento al que pertenecen, sometidos a las mismas normas de organización y funcionamiento que el resto de funcionarios del ayuntamiento.

De la financiación aprobada a través del Fondo de Seguridad Pública extraordinario, un millón proviene de los recursos del fondo del impulso del turismo sostenible que se destinan a medidas para hacer frente a los efectos de la COVID-19, y 300.000 euros del presupuesto propio de la Dirección General de Emergencias e Interior.