Detalle de la histórica manifestación contra el TIL de Bauzá que el 29 de septiembre de 2013 tomó la capital balear. | T. Ayuga

91

La iniciativa del PSIB de realizar cambios, vía enmienda de la nueva ley educativa, a la vehicularidad del catalán en la enseñanza de Baleares ha recuperado menciones que creíamos superadas y olvidadas. De entre las múltiples respuestas quizás una de las más gráficas ha venido de la mano de Joves per la Llengua, que esta semana afirmaba: «Si quieren otra oleada de manifestaciones de 100.000 personas de verde, van por buen camino».

La alusión es clara, y no es la primera vez que desde los sectores más sensibles a la promoción y defensa de la lengua propia de las Islas se exhiben supuestos paralelismos entre el actual Govern de Armengol, apoyado por Més y Unidas Podemos, y el ejecutivo del PP de José Ramón Bauzá que se estrenó ahora hace una década con una aplastante mayoría absoluta, la última que se ha visto por estos lares.

De la gestión en el Consolat de Mar del ahora eurodiputado de Cs se recuerda la rebaja del decreto de mínimos a la categoría de papel mojado a través del impulso de un pretendido trilingüismo educativo que nunca acabó de echar a andar, y en cambio suscitó una huelga en el sector de la enseñanza sin precedentes en las Islas.

En el marco de aquella deriva política cien mil personas salieron a las calles de Palma en contra de la política educativa del Govern; muy pronto se cumplirá el octavo aniversario de la manifestación más multitudinaria de la historia de Mallorca. Y aparentemente hay quien está dispuesto a volver a hacerlo.

Joves per la Llengua, la organización juvenil de larga trayectoria en Mallorca, afirma que «la propuesta del PSIB es inadmisible: el catalán perderá parte de la presencia que tiene en la enseñanza. Y justificarlo diciendo que se debe garantizar la plena competencia comunicativa de los alumnos en castellano, teniendo en cuenta la situación sociolingüística que vivimos, no tiene ningún sentido».

Noticias relacionadas

«No es el castellano la lengua que se debe proteger, y no es la presencia del castellano la que se debe garantizar: si se debe regular, en todo caso, hay que ir en el sentido contrario. Esta propuesta, además de ser innecesaria y de favorecer una lengua como el castellano, que no necesita ningún tipo de protección, recuerda a la época de Bauzá».

La primera vez que se escuchó algo similar fue hace unos pocos meses, este mismo verano, a cuenta de la denuncia sobre la rebaja de la titulación necesaria de catalán para impartir docencia en los centros de enseñanza de artes escénicas, música y danza de Baleares. Ya entonces el delegado de la Plataforma per la Llengua en las Illes Balears, Ivan Solivellas, afirmó a Ultima Hora que «parece que la lengua les molesta», para acabar considerando que, en la práctica, el Govern de Armengol y el de Bauzá se parecen más de lo que muchos creen.

Entonces Educació capeó la situación y dio las pertinentes explicaciones, mientras el segundo caballo de batalla en esta contienda se iba presentando. Las distintas denuncias de usuarios del sistema de salud de las Islas sobre supuesta discriminación de sus trabajadores por el uso del catalán ha provocado fricciones entre los socios del Govern, y más entre este y las organizaciones de la sociedad civil. De hecho la propia Plataforma per la Llengua lleva a cabo la campaña #NormalitzaMallorca, que desde hace unos días denuncia en las redes sociales la falta de rotulación en catalán de carteles y señales en el ámbito público, incluyendo el sanitario.

En este sentido, la OCB se mostró especialmente contundente. La entidad cultural amenazó de forma nada velada con salir a las calles si no se tomaban medidas para atajar el problema: «Los ataques contra nuestra lengua no los permitiremos ni con Bauzá ni con Armengol», aseguraron, en la línea expresada por Més per Mallorca, cuyos portavoces han sido diametralmente claros en este asunto; o Esquerra Unida, parte de la coalición que configura la otra pata del tripartito, que recordó su apoyo en el Parlament en un ya lejano 1986 al modelo de inmersión educativa en catalán. «Son nuestros mínimos y no se tocan».

A pesar de lo expuesto el conseller del ramo Martí March ratifica su deseo de «no entrar en ningún conflicto ni confrontación lingüística». «Si no hay consenso, no habrá enmiendas. El proyecto de Llei d’Educació ha sido pactado por los socios de Govern y cualquier enmienda a la misma debe ser igualmente pactada y consensuada. Sin acuerdo, no habrá modificaciones», dijo. Veremos.