Un cartel en un hospital público. | Redacción Local

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El pasado lunes, una médica del centro de salud de Son Pisà de Palma «se negó a entender en catalán» a una paciente de 70 años, según denunció el hijo de la afectada. El martes de la semana anterior, una enfermera del centro de salud de Campos advirtió a otro paciente que «va a necesitar usted a alguien que le traduzca» cuando éste trataba de explicarle que se había hecho cortes en la mano con un vaso. Según el relato del denunciante, la enfermera llamó a un médico, pero tampoco lograron entender qué significa «m’he tallat amb un tassó». Se trata de dos casos recientes de discriminación lingüística en la sanidad, pero hay muchas más. De hecho, el 40 por ciento de denuncias que ha recibido la Oficina de Defensa dels Drets Lingüístics del Govern desde que se puso en marcha afectan al sistema sanitario público.           

La Oficina de Defensa dels Drets Lingüístics inició su actividad en diciembre de 2020. Desde entonces ha recibido 145 denuncias, 96 de las cuales se refieren a    la Comunitat Autònoma. De esas 96, 58 afectan al Servei de Salut.    Según los datos facilitados por la Oficina, en 19 de estos casos los usuarios no pudieron hablar en catalán y en 12 fueron presionados de manera explícita por un servidor público para que hablaran en castellano. Estos son los casos denunciados ante la Oficina, pero cabe presuponer que se producen muchos más en qué los usuarios son instados a abandonar el catalán a pesar de su derecho a utilizarlo.

Agustina Vilaret, secretaria autonómica de Universitat i Política Lingüística, recordó que la Oficina tiene la función de mediar y defendió que ésta hace el trabajo que le corresponde, que es el de tramitar las reclamaciones, asesorar y proponer soluciones. Vilaret instó a la Conselleria de Salut a actuar para que se respeten la legislación lingüística. «Es preciso que la Conselleria responsable en materia de salud actúe y aplique las medidas necesarias y dé a sus trabajadores las instrucciones que aseguren un buen funcionamiento del sistema y eviten nuevos casos de conflicto», señaló.

La secretaria autonómica dijo que los casos de discriminación lingüística «son un hecho real y gravísimo» y aseguró que no se tolerarían si se produjeran por motivo de raza o de género. «No se pueden tolerar», sentenció.

Cartelería

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Más allá de los incumplimientos de la legislación lingüística por parte de algunos profesionales sanitarios, en los últimos meses se ha producido un alud de denuncias en las redes sociales, en buena parte auspiciadas por la Plataforma per la Llengua a través de la campaña ‘Normalitza Mallorca’, criticando que buena parte de la señalización y la cartelería de la Administración pública oficiales (y singularmente la de los hospitales y centros de salud públicos) están escritas únicamente en castellano. Esta marginación de la lengua propia ha provocado que una parte del nacionalismo haya expresado su malestar y criticado a los partidos soberanistas o regionalistaspor no lograr corregir esta tendencia.     

En este contexto, Antoni Noguera, coordinador de Més, censuró «la actitud pasiva del PSIB» en la defensa del catalán y anunció que trasladará ese descontento a sus socios en los próximos días. Noguera dijo que el peso de Més en los gobiernos del Govern, el Consell y Cort «es limitado» y que solo su partido «sitúa la lengua como una cuestión esencial y prioritaria».

El coordinador de Més señaló asimismo que las discriminaciones lingüísticas que se vienen denunciando «van más allá de la anécdota» y las calificó de agresiones. «Es inaceptable, y todavía más si los que vulneran la ley son los funcionarios que la deben hacer cumplir».

La Obra Cultural Balear reclama un «plan de choque urgente» al Govern

La Obra Cultural Balear (OCB) propuso este miércoles al Govern un «plan de choque urgente» para detener la discriminación que padecen quienes usan el catalán. Este plan de choque en la sanidad pública debería garantizar el derecho de los usuarios a expresarse libremente en lengua catalana «sin sufrir coacciones ni chantaje». El plan debería garantizar que las personas de atención al público sean competentes en catalán, entre otras peticiones. También reclaman que la presidenta Armengol se comprometa públicamente con los derechos lingüísticos e invite a usar el catalán «sin miedo a sufrir discriminaciones».