Imagen de los estudiantes confinados en el hotel COVID tras el macrobrote provocado por los viajes de estudios. | Jaume Morey

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Que difícil es una pandemia! Que difícil es tomar decisiones! Que fácil es criticar y comentar! Que importante es buscar el consenso! Que necesaria es la pedagogía y la divulgación ante situaciones difíciles! Que difícil es ser valiente cuando tienes a jueces o a tribunales supremos autonómicos o constitucionales que no ayudan!

Y ante todos estos principios, para mi fundamentales, doy todo mi apoyo a Maria Antònia Font Oliver, directora general de Salud Pública de Balears, cuya valiente actuación benefició a la comunidad balear. Es evidente que la salud como bien común, en una emergencia sanitaria como la pandemia de COVID-19, tiene que estar por encima de la salvaguarda de algunas libertades individuales, en aras de la salud y en aras del bienestar de la comunidad.

Doy toda mi mi solidaridad a María Antònia Font, directora general de la Conselleria Salut que dirige Patricia Gómez. María Antònia y Patricia han cumplido con las obligaciones que competen a la autoridad sanitaria al aplicar la cuarentena que correspondía y han protegido con ello la salud colectiva de la ciudadanía, la de los más débiles y vulnerables, en una situación excepcional.

Doy mi total apoyo tanto a la directora general como al propio Govern de les Illes Balears, que lo único que ha hecho es actuar con la intención de controlar la pandemia y en consecuencia, de salvar vidas. La actuación del Govern de les Illes Balears en este 2021 es digno de alabar, con mis dudas y pequeñas discrepancias, con mis comentarios críticos en algunos momentos, pidiendo más pedagogía.

Por ello, doy todo mi apoyo al trabajo de la mayoría de los/las directores/as de salud pública de las diferentes CCAA y del Gobierno de España, que hacen una tarea compleja y digna de apoyo, en una pandemia en la que todo el mundo ha hablado y pocos han tenido que tomar decisiones en momentos muy difíciles.

La directora general de Francina Armengol Socias es investigada por el Juzgado de Instrucción número 12 de Palma por un presunto delito de prevaricación y detención ilegal. Y yo digo que un país que judicializa las decisiones de Salud Pública, pone en entredicho dichas decisiones y medidas puestas en marcha por el bien de la población. Un error, desde mi punto de vista.

Ante ello, es necesario mojarse y poner encima de la mesa mi apoyo y mi solidaridad con la directora general de Salud pública de Baleares, quien ha cumplido con las obligaciones que competen a la autoridad sanitaria y ha protegido con ello la salud colectiva de la ciudadanía. Es verdad que las decisiones es importante explicarlas. Es necesario dialogar con las personas afectadas. Es imprescindible divulgar todo lo relacionado con las actuaciones ante una pandemia o ante un brote concreto. Pero es necesario tomar decisiones.

La directora de salud pública fue la responsable política que dio el visto bueno para el traslado al hotel COVID de más de 200 estudiantes que estaban de viaje de fin de curso en Mallorca que eran contactos estrechos de casos positivos de coronavirus.
Y lo triste es que la directora de Salud Pública que hace su trabajo para salvar vidas, tenga que acabar teniendo que dar explicaciones ante los jueces.

Hay que recordar que un elevado número de los jóvenes que seguían de viaje de fin curso se negó a hacerse la prueba para comprobar si estaban infectados, y pretendieron regresar a sus comunidades autónomas de origen sin someterse a ningún test y evitando tener que pasar la cuarentena en la isla.

Es importante ser conscientes de que la pandemia aún no ha terminado. Además, es necesaria una mayor responsabilidad individual y colectiva para detener esta quinta ola de coronavirus y al mismo tiempo, es importante hacer un llamamiento a las personas que aún no se han vacunado para que lo hagan. Vemos que ahora, la importante incidencia de la pandemia no tiene una repercusión abusiva en la presión hospitalaria, por lo tanto, es seguro que la vacuna funciona y tenemos que vacunar a toda la población lo antes posible, cómo manera de detener el virus, junto a las restricciones.

Todo ello me hace plantear: Cómo se puede imputar a una profesional, una directiva, una directora general por el tema de los jóvenes que vinieron de viaje programado por una agencia (actividades, fiestas masificadas, alcohol) y con el consentimiento de sus padres! Los romanos lo tenían claro: «La salud de las personas, o salud pública, es ley suprema».

Y a muchos jueces, les importan más las libertades individuales, por encima de las responsabilidades y garantías colectivas, la justicia social y la salud colectiva. Y esto resulta muy preocupante porque pone en cuestión el bien común. Estas acciones judiciales torpedean la salud pública y el empeño social para mantenerla.

Indignante es que los jueces, los padres y madres y los jóvenes ganen con estas decisiones judiciales. Si miramos los positivos que se fueron de Baleares, si vemos los destrozos en el hotel, si analizamos cómo se extendió el virus a diferentes CCAA, es evidente que la actuación del Govern de les Illes Balears era totalmente necesaria. Va a resultar que cumplir con el deber y trabajar por la salud pública está penado!

Que la madre de uno de los estudiantes confinados durante el viaje de fin de curso a la isla presentara una denuncia contra la directora general por un presunto delito de detención ilegal al mantener confinados a estudiantes al considerar que eran contactos estrechos de personas positivas, me parece un sinsentido. Hemos pedido durante la pandemia un mayor papel de los expertos. Y lo que encontramos ahora, es a los jueces haciendo de salubristas y a los padres y madres asesorándoles. Y también decir que el Gobierno de las islas basó la resolución en los informes del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias y en diversas normativas autonómicas y nacionales.

La pandemia ha mostrado, además, la necesidad de una revisión del ordenamiento jurídico en materia de salud pública para que, se pueda contar con las herramientas para garantizar la protección de la salud de todos los ciudadanos. Necesitamos también sin falta una Agencia Estatal de Salud Pública, que trabaje en red con las CCAA y con los centros de investigación en Salud Pública para que sea el garante de la gestión y comunicación de todos los aspectos de la salud pública española.

Es evidente que la defensa y el apoyo a la actuación en Salud Pública ante el macrobrote es una necesidad ante las dificultades de una crisis compleja y difícil que necesita el apoyo de todo el mundo, también de los jueces. La Salud de la personas siempre primero. Necesitamos más salud pública. Y que la ley de Salud Pública sea ley suprema.