El vicepresidente del Govern Balear Juan Pedro Yllanes. | Redacción Local

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El vicepresidente del Govern balear, Juan Pedro Yllanes, ha asegurado que el auto del Juzgado Contencioso que no ratifica el confinamiento de todos los jóvenes peninsulares que siguen en Mallorca tras viaje de estudios «pone en serio compromiso toda la política sanitaria» durante año y medio de pandemia

«El auto pone en serio compromiso toda la política sanitaria del Gobierno de españa y de las comunidades autónoma durante este año y medio», ha asegurado Yllanes en una rueda de prensa en la que ha anunciado que el Govern recurrirá la decisión de la jueza de lo Contencioso número 3 de Palma de mantener el confinamiento en Palma únicamente de los jóvenes peninsulares de viaje en Mallorca que han dado positivo en covid-19, que esta tarde se elevan a 74.

El auto no ratifica el confinamiento forzoso de los que hayan dado negativo ni de los que no se hayan sometido a pruebas, que según la consellera de Presidencia, Mercedes Garrido, eran 181 cuando se ha notificado el auto al Govern, pero bajan a 175 esta tarde, porque 6 más han dado positivo en SARS-CoV-2.

Yllanes ha asegurado que el Govern «acata y cumplirá escrupulosamente esta resolución judicial», pero «discrepa absolutamente de fondo con ella» y lo recurrirá. «El auto va en contra de un bien jurídico importante que hemos estado protegiendo durante año y medio como es la salud pública», ha asegurado el vicepresidente balear, juez en excedencia, que ha anunciado que el Govern lo recurrirá ante el Tribunal Superior de Justicia de Baleares.
Ha añadido que el Govern pedirá a la jueza una aclaración, «para que detalle si la decisión de salida del hotel implica que estas personas que salen del hotel puente no han de hacer ninguna cuarentena».

Yllanes ha defendido que todo lo ha hecho el Govern estos días «ha sido conforme a los protocolos sanitarios nacionales para proteger la salud publica colectiva» y que para el ejecutivo autonómico, durante este año y medio de pandemia, «la salud pública ha sido lo más importante».

«Lo que no hará el Govern será mirar hacia otro lado y soltar a la gente sin hacer un último esfuerzo para intentar garantizar la salud de los ciudadanos de Baleares», ha asegurado Yllanes, que ha explicado que el Servicio de Salud, Ib-Salut, ha montado un dispositivo sanitario de urgencia «para intentar mantener la situación de control de la salud pública que había hasta que se han producido estos hechos».

La consellera de Presidencia, Mercedes Garrido, ha detallado que se informa a todos los jóvenes de las dos opciones que les ofrece el ejecutivo autonómico: por un lado les piden que se queden a cumplir una cuarentena en el hotel; o bien que el jueves se marchen a la península en un grupo «burbuja» en un barco con destino a Valencia, donde los servicios sanitarios de sus respectivas comunidades autónomas los recogerán para llevarlos a sus domicilios.

Yllanes ha citado el artículo 3 del Código Civil, para explicar que las normas se deben aplicar conforme a su literalidad pero también a la realidad social del tiempo en el que han de tener vigencia.

«Estimamos que en este caso, la jueza de la Contencioso-Administrativo número 3 de Palma no ha tenido en cuenta la realidad social y de esfuerzo continuo que ha hecho toda la sociedad de Baleares durante este año y medio de pandemia, precisamente para evitar episodios como este que hemos intentado solucionar con las medidas que adoptó de forma urgente y eficaz la Conselleria de Salud», ha asegurado.

El vicepresidente ha criticado además que el auto dé el mismo trato y no diferencie entre los jóvenes que han dado negativo y los que se han negado a someterse a pruebas de detección, cuando a los ciudadanos de las islas que se han desplazado fuera del archipiélago más de 72 horas se les han estado exigiendo esas pruebas al regresar.

Yllanes ha insistido en que la decisión judicial «está poniendo en peligro toda la política sanitaria desde el 14 de marzo de 2020» y ha defendido en relación con la proporcionalidad de las medidas adoptadas por el Govern ha afirmado que «se impone al derecho a la salud».