Los asuntos pendientes en los Juzgados de Baleares aumentaron un 8,2% al cierre de 2020

| Palma |

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Los asuntos pendientes al final de 2020 en los Juzgados de Baleares aumentaron un 8,2% respecto a 2019, pese a la menor entrada de asuntos a lo largo del año con motivo de la pandemia, hasta situarse en 83.772 asuntos pendientes.

Así lo recoge la Memoria Anual del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB), entregada este viernes al Parlament y presentada públicamente por el presidente del TSJIB, Carlos Gómez.

Gómez ha precisado que aunque han entrado menos casos en los Juzgados debido al confinamiento, también se han podido resolver menos y se ha mantenido la tendencia de incremento, aunque la tasa de aumento es inferior a la de años anteriores. Por ello, la Memoria concluye que la pandemia no ha aumentado el retraso de la administración de Justicia en las Islas.

En detalle, durante 2020 los Juzgados de las Islas recibieron 138.245 asuntos, un 13,5% menos, y resolvieron 131.963, un 11,3% menos, a lo que hay que sumar 77.341 asuntos que ya estaban pendientes al inicio del año.

En la jurisdicción contencioso-administrativa aumentaron los asuntos ingresados un 4,7%, mientras que cayeron en el resto, especialmente en la penal (18%). A final de año quedaban pendientes de resolver 46.555 asuntos civiles (un 10% más), 24.539 penales (+5,5%), 4.871 contenciosos (+9%) y 7.807 sociales (+4,7%).

Estas cifras revelan que los Juzgados con mayor capacidad de resolución son los penales, y los más congestionados, los de lo contencioso. En la hipótesis de que no se recibieran nuevos asuntos, el orden penal necesitaría algo más de tres meses de trabajo para sacar adelante todo el trabajo actual; el civil, algo más de ocho meses; el social, algo más de un año; y el contencioso, un año y cinco meses.

Faltan 14 juzgados

La Memoria Anual concluye que en la Comunidad hacen falta otros 14 Juzgados para poder asumir la carga de trabajo actual: tres de Familia, dos de Violencia de Género, uno Social y hasta ocho de Mercantil.

Gómez ha recordado que se están buscando espacios para albergar los nuevos Juzgados de Mercantil y Social, que formalmente ya están creados. Se trata de Juzgados proyectados ante el previsible aumento de carga por las consecuencias de la pandemia, tanto por concursos de acreedores -actualmente en suspenso- como por despidos y otros asuntos laborales.

Estos dos nuevos Juzgados deben ponerse en marcha obligatoriamente este año, y previsiblemente se tendrán que ubicar en edificios privados.

Con todo, la Memoria señala que se precisa un nuevo edificio que contenga la Audiencia Provincial y los Juzgados Penales y unifique varios organismos ahora dispersos. El Ministerio estima que este edificio tendría que contar con un volumen de unos 40.000 metros cuadrados, prácticamente el doble que el de Sa Gerreria.

Además, facilitaría la celebración de macrojuicios, especialmente en el momento actual por las medidas COVID-19. Cabe recordar que la Audiencia tuvo que suspender este año el juicio del 'caso Peaje' por problemas de espacio, y algunos juicios con muchos acusados se han llevado a cabo con uso simultáneo de varias salas conectadas entre sí por videoconferencia.

Por otro lado, Gómez ha indicado que en Ibiza -cuyos Juzgados sufrieron un importante incendio en 2019 que ha supuesto un gran obstáculo para la actividad de Justicia- los Juzgados de Instrucción ya han empezado a funcionar normalmente.

Éxodo de personal

Durante la rueda de prensa, Gómez ha alertado del grave problema que supone la marcha de funcionarios a otras Comunidades Autónomas debido al coste de la vida en Baleares. Según ha indicado, muchos funcionarios fueron destinados a Baleares de manera prácticamente forzosa porque todas las plazas se sacaron en el archipiélago, y «una vez pasado el tiempo reglamentario» para ir a otro destino han vuelto a la Península.

El presidente del TSJIB ha añadido que uno de los factores que influyen, además del elevado coste de la vida en Baleares, es que «es un trabajo que no está pagado como debería» porque estos empleados cobran menos que los funcionarios autonómicos, lo que «no estimula a los jóvenes de las Islas» a presentarse a las oposiciones de Justicia. En este sentido, ha lamentado que no hay «una solución a corto plazo».

La Memoria también revela que Baleares tiene 12,3 jueces por habitante, una tasa superior a la del conjunto del Estado (11,9), pero muy por debajo de la media europea (21). Además, tiene mayor tasa de litigiosidad que la media nacional.

Juicios telemáticos

Durante la rueda de prensa para presentar la Memoria, Gómez ha destacado que la pandemia ha favorecido la celebración de juicios telemáticos, recalcando que la Audiencia Provincial de Baleares ha sido «una de las pioneras» en este tipo de actuaciones.

Según Gómez, otras Audiencias Provinciales se han puesto en contacto con el presidente de la Audiencia de Baleares, Diego Gómez-Reino, para interesarse por su experiencia en la organización de este tipo de juicios.

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