El decreto de medidas urgentes agiliza los trámites de la construcción. | Pilar Pellicer

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La presidenta del Govern, Francina Armengol, defendió este domingo el decreto de medidas urgentes para paliar la crisis del coronavirus, una norma que ha sido muy contestada por las formaciones ecologistas de Baleares. Armengol aseguró que todas las críticas son bienvenidas porque ayudan a mejorar las normas, pero señaló que su obligación es intervenir y tomar medidas para evitar que el PIB de la Comunitat se desplome un 30 por ciento y que el paro aumente un 30 por ciento.

Esas son las previsiones económicas que ha hecho el Govern, mientras que con el decreto en marcha calcula que habrá una inyección económica de 3.519 millones de euros, lo que a su vez supondrá la creación de 31.000 puestos de trabajo.

«Todas las criticas son bienvenidas y nos ayudan a mejorar en la toma de decisiones», señaló Armengol. La presidenta anunció que espera poder hablar con los representantes de estas entidades que han criticado, precisamente, que el Govern no haya mantenido ni una reunión con ellos.

Buen decreto

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Aseguró que se trata de un buen decreto e insistió en que es su obligación tomar decisiones para que la economía de Baleares ni sufra un desplome que arrastre a miles de trabajadores. «Se trata de un decreto muy trabajado por parte de todos los consellers involucrados que busca dar soluciones a los problemas de la gente», dijo.

Las organizaciones ecologistas de las Islas, como el GOB, Terraferida y Amics de la Terra, han salido de forma unánime contra el decreto de medidas urgentes que prevé la posibilidad de que los hoteles aumenten su edificabilidad un 15 por ciento –hasta ahora era un diez– o se reconviertan en VPO si son instalaciones obsoletas. La norma modifica la Ley de Urbanismo aprobada por el propio Govern de izquierdas para flexibilizar una serie de requisitos y dar más agilidad y rapidez al sector de la construcción. La clave es que en muchos casos ya no se necesitará licencia y bastará con una declaración responsable del propio promotor para poder iniciar la construcción.

El decreto no termina de gustar a Més, uno de los socios de gobierno de Armengol, por alguno de estos aspectos más desreguladores.

La presidenta evitó entrar en polémicas con el coordinador de Més, Antoni Noguera, quien había asegurado que el PSIB quiere vincularse a sectores que tradicionalmente han estado con el PP. «No comento las declaraciones del coordinador de otro partido que además es socio», contestó la presidenta cuando se le preguntó por este asunto en la rueda de prensa posterior a la reunión con Pedro Sánchez.