Idoia Ribas, diputada de Vox | Redacción Local

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Vox ha denunciado este martes que las oposiciones que convoca el Govern son un ERE para echar a los interinos más antiguos. La diputada de la formación de ultraderecha en el Parlament balear, Idoia Ribas, ha advertido que más de 1.500 personas llevan décadas ocupando plazas temporales y sin poder consolidarlas por «el impune incumplimiento de la Ley por parte del Govern».

A su modo de ver, nos encontramos ante «unas oposiciones que convocan con la excusa de estabilizar plantillas, pero son en realidad un ERE encubierto para quitarse de encima los trabajadores interinos más antiguos, sin ninguna indemnización y colocar a nuevos».

Ribas ha recordado que la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público establece que sólo se pueden contratar interinos para cubrir plazas temporales por un máximo de tres años. Si es por acumulación de tareas, un máximo de seis meses. Si se trata de plazas vacantes deberán ofertarse en la convocatoria de oposiciones del mismo año en que se contrata al interino. «La ley fija que el máximo son tres años, pero en Servicios Generales de la Comunidad Autónoma hay trabajadores que llevan más de 15 años de interinidad, con una media general de siete años. Hay profesores interinos que se jubilan siendo interinos, tras décadas sin poder consolidar su situación laboral».

La diputada de Vox ha criticado que «el abuso de derecho que está llevando a cabo el Govern es inaudito, sobre todo cuando desde las instituciones somos los primeros que criticamos la elevada tasa de temporalidad del sector privado. ¿Se dan cuenta ustedes de la precariedad, la incertidumbre y el sufrimiento al que se ven abocadas miles de familias por su mala gestión y por el incumplimiento impune de la Ley?».

Ribas ha espetado que «si tienen un mínimo de decencia más les valdría cumplir las leyes y reparar el daño causado a dichos trabajadores, que deberían pasar a ser fijos por el fraude de ley y el abuso de derecho al que han sido sometidos durante años, tal y como ya ha fallado nuestro Tribunal Supremo, en línea con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea».